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Entre septiembre y diciembre del año 2012, la Superintendencia de Educación Escolar en la región de Los Ríos recepcionó 112 denuncias y reclamos formulados por los miembros de la comunidad educativa. Así lo informó la directora regional Ana Victoria Ahumada, quien señaló que el mes de octubre presentó un alza de visitas a las oficinas de la entidad fiscalizadora por situaciones de conflicto entre alumnos.

Dentro de las materias más denunciadas destaca el maltrato a estudiantes con un 34% (38 casos), seguido por la negación o cancelación de matrícula con un 17% (19 casos) y la discriminación que alcanzó un 10% (11 casos).

“Además existen cifras que corresponden a faltas cometidas por las mismas escuelas o colegios, relacionada con medidas disciplinarias, falta de personal idóneo y cobros indebidos, juntas alcanzan un 21%”. Nuestra labor es clara y precisa, fiscalizar que la normativa educacional se cumpla a cabalidad para asegurar la calidad de educación en la región”, dijo la directora regional.

En la categoría de “otras denuncias” y alcanzando un 18%, aparece lo relacionado a incumplimiento de planes y programas, agresiones sexuales, irregularidades en la declaración de asistencia, establecimientos que no cumplen con la normativa e incumplimiento de obligaciones laborales.

“El llamado que hacemos puntualmente a los apoderados para el presente año, es que en primera instancia traten de resolver las situaciones en sus respectivos establecimientos educacionales, si ello no ocurre pueden estampar la denuncia o reclamo para que la Superintendencia comience un proceso de fiscalización”, agregó Ahumada.

Según Ahumada, en el mes de diciembre se recibieron consultas y reclamos que fueron por la línea de procesos de matrículas, siendo lo más denunciado la “no” entrega de documentos, cancelación de cupos para alumnos sin previo aviso y cobros indebidos por parte del centro general de padres.

La Superintendencia de Educación Escolar es un servicio público que fiscaliza que se cumpla la normativa educacional y la legalidad del uso de los recursos por parte de los sostenedores de los establecimientos educacionales, proporcionar información a la comunidad educativa y atender denuncias y reclamos que la comunidad presentes.