En estos días de solsticio de invierno, los pueblos originarios del hemisferio sur celebran un nuevo ciclo de la naturaleza y la renovación de la vida. Al igual cómo los pueblos del hemisferio norte conmemoran su solsticio de invierno a finales de de cada año, los pueblos originarios de esta parte de la tierra reciben la renovación de la vida, y el reencuentro con la naturaleza a través de diferentes fiestas y tradiciones. El llamado “año nuevo” tiene varias denominaciones según cada pueblo: We Xipantu para los Mapuche, Machak Mara para los Aymara, Inti Raimi para los Kechua, Aringa Ora o Koro para los Rapanui. Para todos ellos se trata de una fecha con un significado muy especial. Por lo mismo, es una fecha propicia para hacer un balance sobre su realidad actual y proyecciones futuras.
En el caso chileno, parece relevante analizar en el contexto actual, los avances en la relación entre el estado, la sociedad chilena y estos pueblos, así como la situación del reconocimiento de sus derechos humanos.
En ese sentido, constatamos que lamentablemente persisten en nuestro país muchos problemas que obstaculizan una convivencia intercultural adecuada con dichos pueblos.
Los pueblos indígenas siguen sin estar reconocidos en la Constitución Política del Estado. Aunque el Presidente Piñera ha anunciado en su mensaje que dará urgencia a dicho reconocimiento (se encuentra recién desde el 1 de junio 2010 en Simple Urgencia), no queda claro como los pueblos indígenas serán consultados sobre el contenido y alcances del mismo.
A pesar de que la nueva administración sostiene que la diversidad cultural, es la riqueza de Chile, se mantiene la exclusión de los pueblos indígenas en las instancias que toman decisiones que les conciernen. Así, salvo en el nombramiento de la nueva dirección de CONADI de un empresario mapuche, los indígenas nunca fueron considerados –como tampoco lo fueron en el pasado para ser parte de las posiciones más relevantes de su administración, tales como; gabinete ministerial, intendencias-, dando de este modo un marcado sesgo monoetnico y mono cultural al actual gobierno.
En cuanto a las políticas públicas anunciadas por la nueva administración, estas tienen un claro sello desarrollista, orientadas preferentemente a la superación de la pobreza indígena a través de la inserción de los pueblos originarios en el mercado laboral, dominado por la inversión productiva o extractiva de grandes capitales, dejando de lado otras dimensiones fundamentales para los pueblos indígenas, como la recuperación de sus tierras y territorios ancestrales o el fortalecimiento cultural.
Llama la atención la total desconsideración que tiene el nuevo gobierno sobre el Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile el 2008 e incorporado plenamente en su ordenamiento jurídico el 2009. Dicho Convenio establece lineamientos centrales para la política del estado hacia los pueblos indígenas, reconociendo el derecho de estos pueblos a definir sus propias opciones de desarrollo, derecho a la participación política y social, a sus tierras y territorios. El mismo convenio establece procedimientos de consulta -de buena fe, a través de sus organizaciones representativas, con miras a llegar a acuerdos- cada vez que se adopten políticas púbicas, medidas administrativas y legislativas que les conciernan, y puedan ser determinantes para resolver conflictos hoy existentes frente a la imposición de proyectos que afectan a muchas comunidades.
También llama la atención la desconsideración que ha tenido el Gobierno, a las recomendaciones que en el último tiempo se han realizado en esta materia al estado de Chile. Por instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Relator Especial sobre derechos indígenas James Anaya. Tales recomendaciones no sólo dicen relación con la inexistencia de un marco jurídico apropiado para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos a la tierra y recursos naturales, afectados por grandes inversiones, sino también, con la necesidad de adecuar políticas públicas que el estado impulsa hacia los pueblos indígenas para garantizar el respeto de derechos colectivos e individuales de quienes los componen.
En sus informe sobre Chile, dichos órganos de la ONU también recomiendan al Estado, poner término a las situaciones de uso abusivo de la fuerza contra la población indígena por parte de los servicios policiales del Estado, eliminar la utilización de legislación especial, como la ley antiterrorista, para perseguir los delitos que puedan haberse cometido en el marco de la protesta social indígena. Se trata de una realidad, que lamentablemente sigue plenamente vigente bajo la nueva administración y que afecta fundamentalmente al pueblo mapuche.
Más de 100 días después de la instalación del nuevo Gobierno, los desafíos en materia de diálogo intercultural para nuestro país siguen pendientes. Las políticas públicas anunciadas, no dan cuenta de una voluntad para establecer un diálogo constructivo con los pueblos indígenas del país, tomando en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, y las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos en Chile.
Es de esperar que el nuevo ciclo de la vida que en estos días están celebrando los pueblos originarios en Chile, den la fuerza y la sabiduría a todos los sectores involucrados para abordar uno de las realidades más críticas de derechos humanos en Chile, y comenzar una nueva etapa en la convivencia intercultural en el país, basada en el respeto y reconocimiento de los derechos y la cultura indígena, en lugar de la imposición y negación históricamente ejercida.