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El Juzgado de Garantía de La Unión mantuvo, durante la jornada de este miércoles, la medida cautelar de prisión preventiva para José Martínez Escalona, exsubdirector administrativo del hospital Juan Morey y  arresto domiciliario total a Andrés Carrasco Solís, exjefe del subdepartamento de contabilidad del mismo recinto asistencial.

Lo anterior, tras ser ambos reformalizados por el Ministerio Público sólo por el delito de malversación de caudales públicos, dejando de lado la imputación inicial por los delitos reiterado de falsificación y uso malicioso de instrumento público, ilícito cuya pérdida patrimonial al fisco supera los mil 400 millones de pesos, ocurriendo entre enero de 2012 y abril de 2019.

"La defensa del imputado privado de libertad Martínez Escalona, solicitó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, a lo cual, el tribunal negó lugar, estimando que la gravedad del delito de malversación, la pena de crimen asociado al mismo,  especialmente la modalidad comisiva y la amplia extensión del mal causado, configuran circunstancias que hacen que la libertad del imputado constituyan un peligro para la seguridad de la sociedad", señaló el magistrado Felipe Muñoz Hermosilla, tras finalizar la audiencia.

De acuerdo al ente persecutor, entre enero de 2012 y abril de 2019 los imputados se desempeñaban como funcionarios públicos del Servicio de Salud de Valdivia, con funciones en el  del hospital Juan Morey de La Unión como subdirector administrativo de la Dirección de Recursos Físicos y Financieros y como jefe del subdepartamento de contabilidad, respectivamente. Ambos cargos implicaban que tanto Martínez Escalona como Carrasco Solís tuvieran a su cargo caudales o efectos públicos.

En este contexto, aprovechando el ejercicio de su cargo, Martínez Escalona -con consentimiento y concierto previo del coimputado Carrasco Solís, obtuvo, junto a este, instrumentos bancarios consistentes en cheques en blanco de la cuenta del centro de salud, bajo el pretexto de efectuar pagos centralizados de gastos del hospital, los cuales posteriormente eran girados a su nombre, logrando de esta forma sustraer dineros fiscales por un monto de $1.448.261.661.