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Con esperanza y felicidad leo por diferentes medios de comunicaciones, redes sociales y apps de mensajería que los temas relativos a medio ambiente; género; pueblos originarios; derechos sociales; o descentralización se han tomado la agenda de los candidatos y candidatas, lo que es signo que los tiempos están cambiando y las sociedades están exigiendo mayor dignidad, calidad de vida y respeto de sus derechos fundamentales.

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No obstante lo anterior, de un rápido examen de las propuestas, muy pocas se atreven o ahondan en lo que conocemos como “Constitución Económica” (CE).

Se ha entendido que cuando hablamos de CE nos estamos refiriendo a “los principios y reglas constitucionales que regulan el régimen político-económico en un Estado determinado“[1] [10]; en otras palabras, son los pilares constitucionales y, por ende, elementales de un país sobre los cuales el Estado se ordena y organiza su actividad económica.

Para nadie es desconocido que algunas de las grandes críticas que hoy se levantan sobre la Constitución Política de 1980, y posiblemente la que fundamenta el rechazo hacia su imperatividad, es el principio de subsidiaridad económica que consagra, la intocable libertad económica y la excesiva protección a la propiedad privada en desmedro del bien común; por lo mismo, no debería ser una novedad pensar que esta parte de la Constitución sí se debe cambiar.

Sin embargo, en lo que ha trascurrido del incipiente debate constituyente, no he leído ni escuchado una discusión de fondo sobre qué CE queremos construir en nuestro nuevo pacto social, sino más bien nos hemos acotado a señalar qué aspectos, derechos o bienes públicos queremos que salgan de la esfera del mercado y, por ende, no sean parte de la discusión ni de las decisiones económicas. Ejemplos de esto tenemos en el agua; la educación; la salud; las pensiones; entre otros.

Si bien comprendo y empatizo este sentir, y puedo comprender la incomodidad que conlleva hablar de economía en la construcción de una nueva Constitución, no debemos dejar de estar alertas y presentes en este debate, el cual desde los inicios mismo de nuestra historia republicana y democrática ha sido entregado a las castas sociales, empresariales y políticas, decidiendo por todas y todos el régimen económico bajo el cual nos subyugamos, y en definitiva, estableciendo las reglas económicas que como pueblo debemos seguir, y que la historia misma nos ha demostrado que sólo favorecen a unos pocos en desmedro de gran parte de la población.

Entremos con fuerza y convicción a cambiar las bases del régimen económico constitucional, rechazando de plano la subsidiariedad económica del Estado en las áreas fundamentales de la subsistencia misma de las personas[2] [11], y en consecuencia, avanzando hacia una estructura que garantice bienestar, dignidad y calidad de vida a todas y todos quienes habiten nuestro país; hagamos una revisión del derecho de propiedad y de la relación entre particulares y el Estado, no arrinconando a quienes en su legítimo derecho ejercen dicha prerrogativa, sino más bien estableciendo que existen ciertos bienes y derechos que no pueden quedar entregados al ejercicio arbitrario de la propiedad, sino que debe existir una limitación, más aún cuando comprometa el bien común; así como también tengamos una verdadera conversación sobre cuáles deben ser las bases y agentes económicos que nuestra carta magna reconoce, consagra y regula para así avanzar hacia un modelo de desarrollo social y económico que garantice pleno respeto a los derechos fundamentales; sostenibilidad; bienestar; y fortalecimiento de nuestra democracia.

No tengamos miedo en conversar la CE que queremos para nuestro país, porque acá no se trata de discutir sobre si queremos o no más dinero, o más o menos empresa, sino que acá lo que se juega es de qué manera aseguramos el pleno desarrollo de todas y todos, en el presente, pero también en el futuro.

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