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En unos meses más cumpliremos un año desde que en nuestro país se decretó alerta sanitaria, estado de excepción  constitucional de emergencia y, en definitiva, el confinamiento de las personas para evitar la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2 (el cual provoca el ya conocido por todos y todas “coronavirus”), a través del toque de queda y las cuarentenas “flexibles” que comenzaron, como todo en este país, aplicándose primero en la región metropolitana.

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Posteriormente, con el avanzar de las semanas y el incremento de las personas contagiadas, se comenzaron a adoptar medidas en todo el país. Sin embargo, al pasar los meses y no haber mejora en las estrategias de salud pública, se comenzaron a resentir sectores importantes de la vida nacional, como lo son quienes operan, trabajan o poseen empresas de bienes y servicios, así como también las personas en general que, por salud mental, requerían salir de sus hogares, al menos unos momentos, para respirar.

Debido a lo anterior, el gobierno respondió frente a esta problemática, implementando su política pública del “Plan paso a paso” que, según su página web oficial[1] [12], es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de cinco escenarios o pasos graduales, que van desde la Cuarentena hasta la Apertura Avanzada, con restricciones y obligaciones específicas. El avance o retroceso de un paso en particular a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad.

La implementación de este plan no ha estado exenta de críticos, fundamentalmente porque en su construcción no acogió las sugerencias de la mesa de expertos o de otras organizaciones; porque no se hace cargo de la inequidad territorial; o porque lisa y llanamente ha tomado medidas que no se explican o no se entienden.

Esta semana no fue la excepción. Comenzamos la tercera semana de enero con dos noticias que causaron molestia en la opinión pública: la primera de ellas respecto a la prohibición que tendrán los supermercados de vender de forma presencial, en cuarentena, productos “no esenciales”[2] [13], tales como decoración de hogar, electrodomésticos (incluidos televisores y videojuegos), línea blanca, juguetería, vestuario y artículos deportivos; así como también la inédita prohibición de la música en vivo o “envasada” en locales como café o restaurantes[3] [14], justificando aquello porque así se evitaría que las personas alcen su voz o canten, y de este modo no aumenten la cantidad de gotas de saliva expulsadas.

La segunda medida, frente a la presión de los consumidores y consumidoras a través de sus redes sociales, pero también del gremio de la cultura, artes y patrimonio, y autoridades políticas, fue revertida, señalando que simplemente “era una recomendación”[4] [15], quedando en evidencia una vez más la improvisación con la cual se actúa frente a las medidas que se adoptan en el plan paso a paso.

Sin embargo, respecto a la primera medida, se mantiene dicha prohibición. Acá en donde quiero brevemente reflexionar y exponer sobre por qué se conculcan nuestros derechos a elegir con una medida que no tiene mayor fundamento. Primero, ¿quién define lo que es esencial? Hoy estamos en la era de la tecnología y la información. Puede ser que un sábado, en cuarenta, mi refrigerador se descomponga y requiera otro con inmediatez, entendiendo que es este electrodoméstico donde almaceno y guardo mi comida para vivir día a día. Según el plan del gobierno, debería comprar otro por alguna plataforma on-line, pagar el costo de transporte y además esperar el tiempo de envío, que en algunas ocasiones sobrepasa el mes, lo que sin lugar a dudas causaría un perjuicio en la pérdida de todos mis alimentos que estaban refrigerados, como también en mi calidad de vida frente a no poder refrigerar alimentos que adquiera.

Otro ejemplo que también pongo sobre la mesa es relativo a la compra de un dispositivo como una computadora o un equipo celular que me falla durante la cuarentena,  y que también se pueden adquirir en algunos supermercados; ¿acaso no sería esencial comprarlo si con este aparato realizo mi trabajo telemático, y no puedo esperar el tiempo de despacho para volver a trabajar?

Así las cosas, puedo comprender el fin último de estas medidas, que tiene que ver con no aglomerar gente de manera innecesaria en los supermercados, pero, ¿es acaso la restricción de mi derecho a adquirir el dominio toda clase de bienes, o que tomen decisiones por mí respecto a lo que es esencial o no para mi vida, la vía correcta para hacer frente al coronavirus?

De este modo, todos y todas estamos del mismo lado: queremos que la pandemia no siga propagándose, se controle y se logre superar, pero soy un convencido que todo ello no se podrá lograr si la autoridad sólo mira, en las medidas restrictivas de derechos, la única vía posible de solución frente a la población, no comprendiendo la complejidad de la vida moderna, en la cual las personas ya no acceden solamente a alimentos o medicamentos como bienes esenciales, sino también donde la tecnología u otros bienes se han convertido en un insumo esencial para la mejor calidad de vida de la población.

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