Contraloría podría demorarse en torno a 4 meses en tomar razón de los reglamentos.
La ley que que crea un sistema de protección financiera para los diagnósticos y tratamientos de alto costo, también llamada "Ley Ricarte Soto", podría retrasar su puesta en marcha a enero de 2016.
Esto porque la Contraloría General de la República, a pesar de haber recibido los reglamentos para que opere la nueva legislación, y según han indicado en la cartera de Salud, podría demorarse 4 meses para la toma de razón de dichos documentos, un paso necesario para que entre en vigencia.
Son $30 mil millones los que fueron destinados para la implementación de la ley en el presupuesto 2016, pero para ser utilizados, la norma debe estar operativos antes del 31 de diciembre de este año.
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