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En los últimos dos meses, la violencia contra las mujeres se ha manifestado en escalada y con particular ensañamiento: Carola Barría, su pareja le sacó los globos oculares y se suicidó; dos femicidios frustrados, uno de ellos fue intento de incineración; Marta Peña, asesinada, su cuerpo fue mutilado y quemado y, recientemente, Ruth Velásquez, desaparecida por más de una semana, estrangulada por su pareja que ocultó su cuerpo para luego lanzarlo a un basural.

Este ascenso de violencia contra las mujeres, motivó a las organizaciones que trabajan en pos de sus derechos y de la igualdad de género, a  hacer un llamado a la población, y particularmente a las mujeres, a votar por candidatas y candidatos comprometidos con la no violencia.

“Se requiere con urgencia que las mujeres, que somos el 51% del padrón electoral y las que concurrimos mayoritariamente a las urnas,  nos manifestemos y de manera informada a través del voto en el proceso eleccionario que se celebrará en los próximos días”, aseguran.

Se hace necesario, asimismo, el pronunciamiento categórico del Estado y de las próximas autoridades de gobierno y parlamento sobre el diseño de políticas públicas integrales y legislación pertinente, que no sólo sancionen efectivamente los crímenes contra mujeres, sino que además impulsen estrategias públicas de prevención de estos hechos.

Según la definición legal que describe este delito, SERNAM publica que a la fecha 34 mujeres han sido asesinadas, la misma cantidad que el total de los crímenes ocurridos en todo el 2012.

No obstante, esta cifra de femicidios ocurridos crece a 46, al utilizar para el análisis el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

En otro orden, la mayoría de las causas por Violencia Intrafamiliar (VIF) en el mismo período terminaron en salidas extrajudiciales, es decir, sin sanción al agresor. Sólo el 15 % de los casos tuvo sentencia definitiva condenatoria. Ello resulta muy preocupante, dado que demuestra la falta de investigación del delito y justicia, elementos fundamentales para la reparación a las víctimas.

Lo anterior, por lo tanto, desincentiva la denuncia, incrementa el número de casos ocultos, genera un clima de impunidad en los responsables de los delitos, aumentando el nivel de violencia y ensañamiento.

Hasta ahora, la discriminación y violencia que se ejerce en contra de las mujeres ha estado ausente del debate electoral en Chile. Por ello, Corporación Humanas, ComunidadMujer, Dignidad Total, Fondo Alquimia, Mujeres Líderes, Mujer Opina y Observatorio Género y Equidad hacen un llamado a sufragar de manera informada por aquellas y aquellos candidatos cuyas propuestas incluyan lineamiento en materia de igualdad de género, no discriminación, compromiso en contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres y terminar con la impunidad con la que los agresores cometen  este delito.

Al menos cinco son los elementos clave que la ciudadanía y especialmente las mujeres deben encontrar en las propuestas de sus candidatos/as:

1)   Derechos humanos. Que los y las candidatas se comprometan a respetar los acuerdos internacionales ya suscritos por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos de las mujeres, en especial la CEDAW y la Convención Belem do Pará. Adicionalmente, los programas deberían manifestar su compromiso por impulsar la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.

2)   Reforma a la Ley de Violencia Intrafamiliar. Que se elimine la figura del maltrato habitual. Internacionalmente, el desarrollo de los derechos humanos sostiene que la violencia contra las mujeres es un delito permanente y, como tal, debe ser sancionado y prevenido por los Estados. Ampliar la restricción que actualmente impone la ley al conviviente o cónyuge como responsable del maltrato y la violencia. Finalmente pasar del concepto intrafamiliar al de violencia contra las mujeres o violencia basada en el género, que permite develar la raíz del problema: las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres

3)   Ley y definición de femicidio. Ampliar la definición de femicidio que deja fuera a las mujeres asesinadas por sus ex parejas (con las que no han convivido) y desconocidos, y niñas y adolescentes asesinadas por sus padres y/o pololos.

4)   Políticas públicas integrales y eficientes. Las propuestas de candidatos y candidatas deberían incluir mejoras en el acceso de las mujeres y familiares a la justicia, políticas que prevengan la comisión de crímenes y faciliten la denuncia y protección de las víctimas y mujeres sobrevivientes, protocolos de investigación eficientes, además de campañas comunicacionales permanentes e idóneas.

5)   Protocolo para la cobertura de la violencia de género contra mujeres en medios de comunicación. Los y las candidatas a la presidencia y Congreso deberían reconocer y reflexionar sobre el papel que tienen los medios de comunicación en la cobertura de los hechos constitutivos de violencia contra mujeres. Instamos a que se genere un protocolo de acuerdo con la prensa sobre el tratamiento de la violencia de género, amparado en tratados internacionales vinculantes a la legislación chilena, como Belem do Para.

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