Con relación al informe emitido por  la Contraloría General de la República (CGR), y dado a conocer el día de ayer, sobre la fiscalización realizada a los municipios respecto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) precisa lo siguiente:

1.- La AChM, más allá de lo atendible sobre lo expuesto en el informe de la Contraloría,  lamenta que este escrito se haga público, pasado prácticamente un año de realizada la fiscalización que dio origen a dicho documento.

2.- Dicha fiscalización, si bien reconoce algunos cambios posteriores, no refleja,  actualiza, ni hace uso de las recientes modificaciones legales introducidas por la Ley 20.550, vigente desde el 26 de Octubre 2011 y con efecto retroactivo, Ley en cuya tramitación legislativa  asistió el propio Contralor General de la República.

Las citadas modificaciones legales fueron incorporadas, porque a juicio del legislador, la Ley SEP contenía elementos ambiguos que inducían a una inadecuada aplicación de la misma, cuestión que en la práctica sucedió y que explica, en parte, los resultados expuestos.

3.- Desde la implementación de la Ley SEP -el año 2008- los Municipios se enfrentaron a orientaciones poco claras y confusas por parte del Ministerio de Educación, y no contaron oportunamente con instrumentos necesarios para la adecuada implementación de esa norma.

4.- Analizando la cronología de la Ley SEP, encontramos los siguientes hitos:

a)    La Ley SEP se promulgó el 1º de febrero del 2008 y su reglamento en mayo de ese año. Los primeros recursos financieros fueron traspasados a los Municipios a partir de mayo del 2008. Sin embargo, los planes de mejoramiento educativo -instrumento orientador o guía para su implementación-  fueron sancionados por el Ministerio de Educación, un año después.

b)    La catástrofe sufrida por gran parte del país en febrero del 2010, motivó nuevas orientaciones desde la División de Educación General del Ministerio de Educación, en orden a hacer uso de los recursos SEP para un conjunto de materias distintas. Ello se tradujo, posteriormente, en la dictación de la  Ley 20.452, que estableció normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales.

5.- Por tanto, La Asociación Chilena de Municipalidades pedirá a la Contraloría General de la República  que se vuelva a revisar - caso a caso-  la situación de los Municipios que han sido fiscalizados,  actualizando el informe final, e incorporando al mismo las modificaciones legales posteriores.

6.- La Asociación Chilena de Municipalidades ha dispuesto apoyar a los municipios que requieran asesoría técnica y jurídica para resolver los problemas derivados de las interpretaciones y confusiones que dieron lugar a los gravosos resultados de esta fiscalización, lo que además lesiona la imagen pública respecto de la probidad de los gobiernos locales. No obstante nuestro apoyo se atendrá a todas las normas jurídicas y administrativas cuya transgresión, obviamente, no puede ser avalada bajo ninguna circunstancia por nuestra institución.  

7.- Finalmente, aunque valoramos el rol de la Contraloría General de la República,  consideramos, empero, que el Estado de  Chile requiere de una urgente modernización de sus gobiernos locales, con organismos nacionales de control que asuman un rol preventivo y educativo, junto al fiscalizador.

Reiteremos por último que los municipios chilenos requieren, para una mejor  y más transparente gestión, de una profunda reforma que modernice la administración local, entregándoles  mayores y más claras facultades,  competencias y potestades en la asignación de sus recursos. Sólo así evitaremos estas controversias que en nada contribuyen al desarrollo e imagen de sus instituciones.