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La renuncia de la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, solicitaron hoy el senador Guido Girardi junto al diputado Enrique Acorssi y el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, luego que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección en contra de la aprobación de la Central hidroeléctrica Río Cuervo en esa región.

Esto, porque el máximo tribunal declaró ilegal la decisión del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) de Aysén, del pasado 8 de mayo, al aprobar el proyecto sin tomar en cuenta el informe del Servicio Nacional de Geología y Minería que recomendaba realizar un estudio de suelos antes, porque la central se emplazaría en medio de una falla geológica de gran sismicidad.

A juicio del senador Girardi, este fallo viene a confirmar una práctica sistemática de la intendenta de Aysén, en el sentido de presionar para aprobar proyectos que sólo benefician a las empresas.

“Aquí hay una manipulación y una presión para aprobar proyectos indebidos a favor de los intereses económicos, despreciando el interés ciudadano, el interés económico del país, el interés ecológico. Me parece que esos funcionarios públicos, que ya tuvo una gran controversia con el movimiento de Aysén y con el senador Horvath e el pasado, no pueden seguir en esos cargos porque no dan garantías. El Gobierno decidirá si quiere seguir teniendo funcionarios que funcionan en relación a los intereses económicos y no funcionan en relación a los intereses del país”, afirmó el senador.

Más crítico aún fue Patricio Rodrigo, quien señaló que Pilar Cuevas trasgredió la ley y que, al seguir adelante con la aprobación del proyecto a pesar de que existía un recurso judicial presentado por las organizaciones, intentó poner al gobierno regional por sobre la justicia.

“Ella trasgredió la ley. Ella tuvo la desfachatez de aprobar igual el proyecto a pesar que estaba el fallo pendiente de la Corte Suprema. Eso es no creer en el estado de derecho, es una decisión autoritaria, arbitraria e ilegal. Por consiguiente ella, y el mismo director del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén debieran renunciar, porque han hecho el ridículo. Tres días después de haber aprobado el proyecto, en forma bastante trucha, viene la Corte Suprema y les declara todo nulo. Yo no sé con qué cara puede permanecer en su puesto después de haber cometido tamaño error”, sentenció el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas .

En tanto, desde Energía Austral, la empresa que pretende construir la central, señalaron que el  Sernageomin había realizar el estudio de suelo “con posterioridad a la aprobación ambiental y previo a la construcción del embalse del proyecto”. A través de una declaración de prensa, manifestaron además que el fallo no debe entenderse como un rechazo a la iniciativa y recalcaron que continuarán con el proceso de evaluación ambiental.

El rol de la Suprema

No es la primera  vez que las denuncias sobre irregularidades en la aprobación de proyectos que afectan al medio ambiente llegan hasta la Corte Suprema. Lo mismo ocurrió con Hidroaysén y Castilla, entre otras iniciativas, dejando en evidencia las debilidades de la normativa medio ambiental.

“Los tribunales están reparando las ilegalidades de una institucionalidad medio ambiental que está rehén y es prisionera de los intereses económicos, de una visión religiosa donde lo único que importa es la rentabilidad de las empresas y donde lo único que se protege es a las empresas y se olvidan que la misión de ellos es defender el medio ambiente y las garantías de todos los chilenos”, dijo Girardi.

Sin embargo, estos fallos no han estado exentos de polémica y hoy se vuelven a poner sobre el tapete.

El juez Pedro Pierry, que está siendo investigado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema por su votación a favor del proyecto Hidroaysén, pese a tener más de 90 millones en acciones en Endesa, ayer votó nuevamente en contra del recurso presentado por los ciudadanos para detener la central en Río Cuervo, lo que despertó nuevos cuestionamientos sobre su imparcialidad.

“Habría que preguntarle si también tiene acciones en Xstrata”, ironiza Patricio Rodrigo y acota que este tipo de situaciones se dan cuando los jueces son designados por el poder político. “Es una aberración jurídica y administrativa que ojalá el país corrija porque es la manera que tiene el poder económico y el poder político de hacer operar la mano invisible de la Justicia”, agregó.

En tanto, en Aysén diversas organizaciones sociales realizarán una marcha hoy a las 15:30 horas en el centro de Coyhaique para exigir al Gobierno que las decisiones sobre proyectos que afectan a la región sean tomadas por medio de plebiscitos.