Un grupo de estudiantes de la Universidad del Mar, en representación de sus compañeros desde Arica a Punta Arenas, se acercaron a la Contraloría General de la República a exigir transparencia por la forma en que se gestaron los traspasos de los exalumnos a otras casas de educación superior.

Esto porque existen alumnos que corren el riesgo de pagar un doble arancel, como sucedería en la Universidad de Playa Ancha, que el próximo año deberán pagar el arancel de su segunda carrera, que se sumaría a la deuda que mantienen con la Universidad del Mar. Así lo explicó, Susana Giacaman, ex presidenta de la Federación de Estudiantes Universidad del Mar.

“La Universidad del Mar está reteniendo por deuda los títulos, y el Estado cuando uno va a consultar por la deuda te aconseja la encargada, la señora Magdalena Garretón, aconseja que paguemos la deuda, porque hay que pagarle a los acreedores, siendo que los acreedores y ella están en conocimiento de eso, porque son sus facultades, son los mismos dueños de la Universidad del Mar”.

Susana Giacaman aseguró que la instrucción de cancelar los pagarés correspondientes a U del Mar por las carreras que se vieron afectadas por el cierre de la institución, viene directamente de la oficina encargada de la reubicación de los estudiantes que depende del Ministerio de Educación. Lo que ha provocado que los ex estudiantes de esa universidad hayan presentado dos acciones para evitar esta situación, a la que suma una demanda al Estado, que será presentada en los próximos días, aseguró la ex dirigenta estudiantil.

“La primera demanda que se presentó es la demanda de nulidad de contratos, con el fin de que se anule la deuda que tenemos con la Universidad del Mar, ante la presión que está haciendo por medio del Ministerio de Educación la misma universidad amenazando a los estudiantes con llevar sus letras a juicio, letras muchas veces infladas con intereses inexistentes”, explicó Susana Giacaman.

El pedido a la Contraloría

Además de esa acción judicial, los ex estudiantes presentaron este lunes en la Contraloría General de la República: “La segunda acción es esta, venir a pedir a Contraloría la transparencia, con los datos duros de qué se hizo con las platas, qué pasó con las becas, ¿se cumplieron a cabalidad?, ¿ha hecho su trabajo el Mineduc con todas las facultades que tiene?”, se preguntó la ex presidenta de la Federación de la U del Mar.

Este requerimiento presentado a la Contraloría también denuncia que el convenio de reubicación no se ha cumplido. Principalmente porque existen, según el listado publicado en el sitio del Ministerio de Educación http://www.orientacionudelmar.mineduc.cl/, veintiséis universidades habilitadas para recibir a los ex alumnos afectados por el cierre, donde además, serían acogidos por el convenio del Mineduc con esas casas de estudio. Sin embargo, en la práctica, solo 5 tienen un convenio firmado con el Estado, mientras que las 21 restantes sólo existe un compromiso de “palabra” para ayudar a los jóvenes.

Al mismo tiempo, el escrito al que tuvo acceso Radio Universidad de Chile, señala que no se ha entregado la beca JUMAR, creada para que los jóvenes pudiera continuar sus estudios y que universidades como la Universidad de Playa Ancha están cobrando un arancel doble, porque dice que el dinero entregado por el Mineduc a causa de los 300 estudiantes que continuaron en la casa de Estudios porteña (3 mil millones de pesos) se estaría acabando.
Lo que se suma a la Universidad Católica Silva Henríquez que, dicen los afectados, discriminó a los dirigentes estudiantiles para que no se sumen esta institución.
Ante esto, el documento presentado a la contraloría, apunta a ocho objetivos:

1. Que se proceda al control de juridicidad respecto de las resoluciones exentas 2668/2014 MINEDUC, respecto de las competencias asignadas, la que se debe complementar con la respuesta dada por el propio Ministerio respecto de sus competencias, por solicitud de información pública. 2.403/2014 MINEDUC, en lo relativo a la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación; 4.533/2014 MINEDUC, por el convenio con la Universidad Católica Silva Henríquez; 4.534/2014 MINEDUC, sobre el convenio con la Universidad de Magallanes; 4.535/2014 MINEDUC, por el convenio con la Universidad de Atacama; 4.536/2014 MINEDUC, por el convenio con la Universidad Católica del Maule, y del Decreto Exento 687/2013 MINEDUC, referente al convenio sobre evaluación con el Consejo Nacional de Educación.

2. Que se realice una auditoría al uso de los recursos públicos en los 6 convenios ya mencionados, esto es, en los convenios regulados por las resoluciones exentas Nº 2.403/2014 MINEDUC, en lo relativo a la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación; 4.533/2014 MINEDUC, con la Universidad Católica Silva Henríquez; 4.534/2014 MINEDUC, con la Universidad de Magallanes; 4.535/2014 MINEDUC, con la Universidad de Atacama; 4.536/2014 MINEDUC, con la Universidad Católica del Maule., y el Decreto Exento 687/2013 MINEDUC, por el convenio con el Consejo Nacional de Educación.

3. Que se haga un examen jurídico y técnico exhaustivo al uso de los recursos derivados de beneficios otorgados a los estudiantes de la Universidad del Mar a la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, a la Universidad de Atacama y la Universidad de Magallanes, en virtud del artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, y de sus propias leyes orgánicas.

4. Que se realice una auditoría especial respecto de la Unidad de Reubicación de Estudiantes de la Universidad del Mar, que comprenda el análisis de la juridicidad de todos los actos administrativos emitidos por dicha unidad, los contratos que hubiere suscrito con otras entidades educacionales en representación del Ministerio, los convenios, de palabra o por correo electrónico que hubiere, y todo otro acto jurídico que comprometiere la palabra de dicha unidad.

5. Determinar, el papel que juega la Universidad del Mar en cuanto a la entrega de documentación, considerando si efectivamente, cuenta con dicha documentación que se solicita de cada estudiante que haya estudiado en esa casa de estudios. Lo anterior tiene por objeto que, los estudiantes que cuenten con pruebas y documentos que acrediten que cursaron ramos, y cumplieron con su malla establecida a la fecha de ellos estar cursando sus estudios en la Universidad, puedan prescindir de “la venia” o validación de la UDM para conseguir su reubicación efectiva en otra casa de estudios respetando su verdadero avance curricular.

6. Determinar si efectivamente, existen convenios de alguna naturaleza con las casas de estudios expuestas en la página web antes descrita y mencionada de las cuales no se tiene conocimiento ni certeza de convenio alguno. ¿Por qué las tiene en su página web?, ¿En qué consisten dichos convenios? Lo anterior lo exponemos debido a que compañeros que han ido a preguntar a las casas de estudio, o bien se matricularon en las Universidades confiando en la información de dicha página web, no han recibido ningún beneficio.

7. Que se abra un término probatorio de 10 días hábiles administrativos para la recepción de la prueba testimonial y documental que en esta presentación se ofrece, o, en su defecto, el tiempo que V.E. considerare necesario, todo esto, para la correcta fundamentación de las alegaciones que aquí se realizan.

8. Auditar el cumplimiento y otorgamiento de los requisitos de todas las becas a las cuales los estudiantes pueden postular, o más bien, tienen pleno derecho, realizando la distinción entre las becas otorgados por JUNAEB y las becas correspondientes al propio MINEDUC, las cuales pueden hacer valederas todos los estudiantes reubicados.

La demanda al Estado

Asimismo, los alumnos presentarán una nueva acción judicial, que tiene que ver con una demanda al Estado: “por el daño y el perjuicio, por no haber hecho lo que tenía que hacer y que estaba estipulado en los distintos convenidos que se firmaron”, sentenció Susana Giacaman.

Esta acción contra el Estado se presentará los primeros días del mes de mayo, esto porque el 31 de junio vence el plazo que tienen los estudiantes para regularizar su deuda con la U del Mar, que es lo que más les preocupa a los estudiantes.

En este sentido, Evelyn Godoy Salazar, otra de las afectadas, y ex estudiante de Nutrición y Dietética, denunció que existe una estafa por parte de la U del Mar y que no hay una solución clara por parte del Estado hacia los ex estudiantes.

“En el fondo nosotros no estamos de acuerdo con un pago que no debiera hacerse. Nosotros fuimos estafados, somos personas que hasta el día de hoy seguimos pagando nuestras segundas carreras que tuvimos que tomar en otras universidades y nos están pidiendo a través del propio Ministerio de Educación, quien se supone que se iba a hacer cargo de los alumnos de la U del Mar, que le paguemos. ¿Cómo es posible que la misma gente que está representando al Ministerio, al Gobierno, este cobrándole a los alumnos en sus oficinas?”.

Finalmente, los ex alumnos dijeron que estas instituciones le comenzarán a cobrar, además, su segunda carrera, de esta manera, los ex estudiantes de la Universidad del Mar, deberán pagar doble y si no cancelan la deuda con la casa de estudio de origen, no podrán tener su título profesional, con lo que su situación se complejiza aún más, debido que caerán en Dicom y los bienes de los alumnos podrán ser embargados.