El Acuerdo de Escazú: una deuda con la ciudadanía

12 Junio 2020

Según el último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, un 25% de las especies evaluadas a nivel mundial están en peligro de extinción.

Gabriela Simone... >
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El bienestar de toda la Humanidad depende de la salud de los ecosistemas. Por ello, la construcción de un desarrollo verdaderamente sostenible tiene como uno de sus pilares a la conservación de la biodiversidad. Es un hecho patente que desde las necesidades más básicas, como la alimentación y la medicina, hasta aquellas relacionadas con la espiritualidad y la salud mental dependen de nuestro entorno natural. En medicamentos por ejemplo, más de la mitad de los aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos entre 1981 y 2010 fueron de origen natural; en actividades económicas, muchas son beneficiadas por la conservación la pesca entre ellas. La pesquería artesanal aledaña a Áreas Protegidas se favorece del subsidio que conlleva el aumento de la abundancia y riqueza de los recursos pesqueros. Asimismo, la evidencia es clara respecto que a mayor contacto con la naturaleza, mayor es la salud física y mental de la población, con una consecuente disminución en el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión.

Paradojalmente, la biodiversidad se encuentra extremadamente amenazada por las acciones que la misma Humanidad realiza. De hecho, según el último informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, un 25% de las especies evaluadas a nivel mundial están en peligro de extinción, amenazando con ello la provisión de los bienes y servicios de los cuales dependemos. Es decir, si seguimos depredando la naturaleza como lo hemos hecho hasta ahora, estamos poniendo en jaque nuestro propio bienestar.

Afortunadamente, a lo largo de nuestra historia, las comunidades locales han incidido positivamente en la conservación de la biodiversidad y, desde hace ya más de 50 años, la ciudadanía organizada ha empujado cambios en los paradigmas de desarrollo, acelerando la toma de decisiones y políticas orientadas a la protección ambiental. A nivel internacional, el Movimiento Cinturón Verde, fundado por Wangari Maathai es un claro ejemplo. En Magallanes, la acción ciudadana logró que un proyecto forestal se convirtiera en el Parque Natural Karukinka, abocado a conservar nuestro patrimonio, fomentando el turismo de intereses especiales y la educación. Es decir, una ciudadanía activa contribuye directamente a la construcción de un desarrollo sostenible, clave para nuestra calidad de vida.

Sin embargo, esta participación está sujeta a un sinnúmero de barreras y vulneraciones que, en vez fortalecer el rol clave de la ciudadanía en la protección ambiental, lo entorpece y debilita, y con ello debilita la conservación misma de la biodiversidad. Estas trabas se reflejan en la dificultad de participar efectivamente en las decisiones que inciden en los territorios y comunidades, incrementadas por la falta de transparencia y acceso a la información ambiental, la imposibilidad de acceder a la justicia, y a vivir en entornos hostiles para las y los defensores ambientales. Esto último es especialmente relevante en Latinoamérica, la región del mundo con más activistas ambientales asesinados.

El pasado febrero, en Brasil se desarrolló el Encuentro Internacional de Defensores Climáticos. Participamos activistas de los cinco continentes y una realidad común entre los asistentes fue la sensación de vulnerabilidad ante un sistema que no promueve la participación ciudadana en la protección del medio ambiente, sino que, al contrario, la estigmatiza. En América Latina el caso era claro, todos habíamos sido sujetos de amenazas, hostigamientos o censuras. Chile no es la excepción.

Para hacer frente a esta deuda con los Derechos de la Ciudadanía en la protección ambiental, se gestó precisamente el Acuerdo de Escazú, el principal convenio de Latinoamérica para mejorar el acceso a la información y participación ambiental y el resguardo de las y los defensores ambientales. Desde 2012 las negociaciones del Acuerdo fueron impulsadas por Chile. Sin embargo, el 2018, al momento de su firma, el gobierno de Chile decidió restarse. A la fecha, 22 países de la región ya lo firmaron y cuenta con nueve ratificaciones de las 11 que necesita para entrar en vigencia. Chile sigue sin firmar.

¿Cuáles son los motivos para no hacerlo? Los últimos argumentos esgrimidos por el Gobierno indican que nuestro país cumpliría con todas las disposiciones del Acuerdo, lo que lo haría innecesario. Esta afirmación no se corresponde con la realidad. Las comunidades que hemos sido parte de procesos ambientales lo sabemos. Si bien Chile cuenta con herramientas de participación, su mera existencia no asegura que todas y todos podamos acceder a ellas y que estas realmente incidan en la toma de decisiones -basta ver el fallo de la Corte Suprema en Quintero y Puchuncaví para entender que, en la práctica, la institucionalidad que tenemos no es suficiente-. Por algo Chile tiene más de 100 conflictos socio-ambientales vigentes. Adicionalmente, nuestro país no cuenta con medidas específicas para la protección de defensoras y defensores ambientales, algo establecido en el Acuerdo, a pesar que en el territorio somos muchas las personas que hemos recibido amenazas de muerte por defender el medio ambiente.

El acceso a la información, participación y justicia ambiental no solo se asocia con conflictos ambientales, si no con el derecho de la ciudadanía a conocer y participar en la toma de decisiones que afectan directamente su calidad de vida. Este acuerdo podría inclusive contribuir a disminuir la emergencia o colaborar en la solución de conflictos socio-ambientales a través de tomar decisiones consensuadas, justas y e informadas. El Acuerdo de Escazú es clave para la democracia ambiental y el respeto por los Derechos Humanos. Si queremos avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible, necesitamos de toda la ciudadanía y para ello, firmar el Acuerdo de Escazú es un imprescindible.