El subsecretario de Minería, Pablo Wagner, presentó su renuncia luego que, en la tarde del lunes, se decidiera anular todo el proceso de licitación del primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), iniciado por la cartera, ya que  SQM, empresa que se adjudicó el concurso público, mantenía litigios pendientes con el Estado, incumpliendo con las bases establecidas para el procedimiento.

Al anunciar su dimisión, Wagner dijo que “la licitación del litio constituye una política pública muy relevante dentro de la gestión del Ministerio de Minería y de gran trascendencia para el desarrollo de Chile, lamentablemente no se pudo alcanzar el objetivo trazado y a mí me corresponde asumir esa responsabilidad, por ello, he puesto mi cargo a disposición del Presidente de la República, quien ha decidido aceptarla”.

El ex subsecretario precisó que, efectivamente, se encontró “incongruencia en los documentos que conforman los requisitos administrativos y podría interpretarse como una falta de cumplimiento de las bases de licitación. Ante esta situación, el interés de velar por una mayor transparencia y parcialidad del proceso, se optó, de conformidad a la normativa vigente, el declararlo inválido”.

Más temprano, parlamentarios de la Concertación ya habían pedido que la autoridad diera un paso al lado a raíz de este episodio. “Es realmente vergonzosa la desprolijidad con que el gobierno ha llevado a cabo todo el proceso de la licitación del litio”, comentó la jefa de la bancada del PPD, Adriana Muñoz.

Misma postura manifestaron los trabajadores del cobre, quienes incluso anunciaron movilizaciones para poner fin al CEOL.    

Desde el oficialismo, en tanto, aseguraron que se actuó con transparencia y que la invalidación fue la mejor opción en este escenario.

Durante el proceso, Wagner  se desempeñaba como presidente del Comité Especial de Licitación (CEL). Precisamente, esta instancia se encargó de analizar la denuncia presentada por la Minera asiática Li Energy Spa, que acusó que SQM mantenía juicios vigentes contra el Estado, contraviniendo los requisitos del concurso público.