Desde su retiro del Ejército en 1987, Rosauro Martínez Labbé ha ascendido en la política nacional y se ha ganado un lugar dentro de Renovación Nacional.

Fue alcalde en 1989, designado por Augusto Pinochet, cargo al que renunció en 1992 para competir en las elecciones parlamentarias. Desde 1994 que es diputado, iniciando en marzo su sexto periodo consecutivo como representante del distrito 41, en la región del Biobío.

Hoy, Martínez está pronto a ser desaforado y con ello, la posibilidad de que sea inculpado por homicidio calificado de tres miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), acribillados el 20 de septiembre de 1981 por el comando que dirigía el parlamentario.

Así lo explicó Magdalena Garcés, una de las abogadas querellantes, quien espera un fallo favorable, dado la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

“Para ser sometido a proceso, un requisito previo mínimo es que la persona declare en calidad de inculpado. Y uno no puede citar a un diputado si es que no ha sido desaforado. Ellos tienen inmunidad mientras mantienen el fuero. En el sistema antiguo, es el mismo juicio que se viene tramitando con la ministra Ema Díaz desde hace cuatro años”, aclaró.

“Soy inocente”, aseguró Rosauro Martínez a un canal de televisión. El diputado ha tenido el respaldo de su partido. Desde la Alianza lo han apoyado y han mantenido la posición respecto a que esto sucedió en un enfrentamiento, por lo que no se justifica continuar con el juicio.

Lo innegable es que el ahora parlamentario estuvo a cargo de la “Operación Machete”, en la que fueron acribillados Patricio Calfuquir, José Monsalve y Próspero Guzmán, militantes del MIR que se encontraban en Neltume intentando activar un foco de resistencia contra la persecución y asesinato de la dictadura cívico y militar, carácter que en este caso es necesario enfatizar.

Así lo señaló, en conversación con Radio Universidad de Chile, María Elena Calfuquir, hermana de una de las víctimas. Su posición es clara al respecto. Rosauro Martínez no es el único responsable, porque esta fue una política de exterminio en todos los niveles de decisión.

“Esto de que exista un diputado de la Nación, involucrado en derechos humanos, que además es una persona que ha sido reelegida, no me cabe duda de la falsedad y lo mentiroso que ha sido para poder engañar a tantos electores, a lo mejor ignorantes de esta situación, que han creído en él. Porque él no tiene calidad moral ni calidad como persona para ostentar un cargo como éste, y tampoco para percibir dinero del Estado para ejercer esta función”, criticó.

Además, manifestó que espera una decisión favorable por parte de la Corte Suprema. En caso contrario, adelantó que recurrirán a tribunales internacionales para denunciar al Estado chileno por denegación de justicia.

“Llevamos 30 años con el caso de mi hermano y 40 años con el caso de mi padre, para que finalmente la Corte Suprema no dé lugar a esto. Efectivamente sería una denegación de justicia de parte de ese tribunal. Nosotros esperamos que no sea así”, advirtió.

Son altas las expectativas sobre este caso y la decisión de la Corte Suprema. Si el máximo tribunal acoge la solicitud de desafuero, sería un hecho sin precedentes para las organizaciones y familiares que denuncian hace años la participación de políticos en la tortura y muerte de personas contrarias a la dictadura.