Por Lorena Bustamante, directora regional SERNAC Los Ríos.

La reciente aprobación por parte de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del proyecto de fortalecimiento del SERNAC, implicará mayores atribuciones al Servicio, entre ellas, poseer facultades fiscalizadoras y sancionadoras que le permitirán prevenir y desincentivar el incumplimiento de la Ley del Consumidor.

No obstante, este proyecto de ley implica además duplicar la dotación de los funcionarios del SERNAC, pasando de 300 a más de 700. 

En el caso del presupuesto que recibe el SERNAC, cuando se apruebe el proyecto, se multiplicará en 2.5, pasando de cerca de $9 mil millones actuales a $23 mil millones. 

Si bien, las cantidades de recursos extras y de dotación que recibirá cada Dirección Regional del SERNAC no se puede anticipar, pues dependerá de informes que determinarán la demanda y la distribución geográfica, lo cierto es que en el caso del nuevo personal, un 87 % estará destinado a regiones.

El proyecto implicará además la creación de 10 oficinas provinciales en el país, aunque su locación dependerá de algunas variables, por ejemplo, el despliegue territorial. 

En el caso de las Oficinas de Atención Municipal, el proyecto de ley incluirá en algunas de ellas, la posibilidad de contar con un abogado, profesional que estará encargado de acercar las posiciones y facilitar un acuerdo entre los consumidores y las empresas cuando estas últimas no les entreguen una respuesta favorable a su problema de consumo.

Hay que recordar además que el proyecto de ley considera un nuevo estatus de las Asociaciones de Consumidores, dotándolas de mayores recursos económicos a través de los Fondos Concursables, y eliminando las restricciones referidas al ejercicio de ciertas actividades, para que también puedan ver fortalecidas sus acciones como sociedad civil organizada.

Esta nueva normativa también contempla el aumento de las multas, pues hoy los montos no son suficientes para evitar posibles infracciones, ni tampoco se condice, en la mayoría de los casos, con la gravedad del atropello. Por ejemplo, la multa más alta actualmente es de 1.000 UTM, unos 42 millones de pesos, para los casos de publicidad engañosa, por ello el objetivo es triplicar el monto máximo de estas sanciones, en algunos casos al doble, en otras incluso a diez veces. 

Lo anterior permitirá que las empresas tengan los incentivos correctos para que, como en casos recientemente conocidos en la opinión pública, como por ejemplo; cláusulas abusivas en contratos de inmobiliarias, cortes de suministros de servicios básicos y otros, puedan responder rápidamente de cara a la ciudadanía y no esperar a estar frente a los tribunales.