Como todos los años, el ejecutivo presenta su cuenta pública frente al Parlamento este próximo lunes 21 de mayo. El discurso tiene dos dimensiones claras: establece el grado de cumplimiento con respecto a los anuncios realizados el año anterior en la misma fecha, y además plantea lo que se abordará en el prácticamente último año de la administración del Presidente Piñera, ya que el año próximo serán las elecciones presidenciales en el mes de octubre, siendo por ende el mensaje del año próximo el de cierre de la administración e inicio de las campañas políticas.
 
Sin duda que el Presidente hará énfasis en los logros que reflejan las estadísticas del empleo y de crecimiento económico, cuyos resultados están en línea con lo comprometido en el programa de gobierno de crear 200.000 empleos anuales y crecer al 6% por año. 

Sin embargo, tales resultados se sustentan en efectos estructurales que hay que tener presentes al momento de comentar tales cifras y que explican con claridad la razón por la cual la ciudadanía no los percibe igual que el Gobierno. 

En materia de empleo, se toma como punto inicial el primer trimestre de 2010, cuando el terremoto provocó una destrucción de 300.000 empleos en el mes de marzo, y por ende durante 2010 la reconstrucción permitió recuperar buena parte de esas pérdidas en el mercado laboral. 

Luego, el Banco Central ha cambiado la metodología de medición del PIB actualizando al año 2008 el período de referencia, y el crecimiento de 2010 se elevó desde 5,8% a 6,1%, es decir un resultado con contenido muy estadístico, y 2011 ha cerrado nuevamente con un 6% de crecimiento, pero con un primer semestre que creció cercano al 8% debido a la baja base de comparación del año 2010 por efecto del terremoto. En síntesis, el terremoto ha sido un evento que ha subsidiado significativamente los resultados estadísticos, y aparecen muy desalineados con lo que percibe la ciudadanía. 

En efecto, un dinamismo tan fuerte en el empleo se habría manifestado con fuerza en incrementos de remuneraciones, lo cual no ha ocurrido, y en materia de empleo se ha comentado incluso estar en el umbral del pleno empleo, cuando la fuerza de trabajo no presentaba fuertes reacciones al crecimiento evidenciado en las estadísticas laborales. La diferencia entre procesos de normalización y de crecimiento neto real es precisamente el que se ha evidenciado en Chile. El terremoto y tsunami fueron de gran magnitud y afectaron a la economía global, y luego la convergencia hacia procesos productivos normales es lo que recogen las principales estadísticas e indicadores económicos.
 
Sin duda que la modificación del post-natal será resaltada, al igual que el inicio de la discusión parlamentaria del ingreso ético familiar, ambas iniciativas incluidas en el programa de gobierno, y que fueron resultado de un intenso debate y acuerdo final con la oposición para que dieran como resultado beneficios reales para las mujeres y hogares beneficiarios.
 
Ahora, los mayores incumplimientos se centran en problemática social vinculada a la seguridad ciudadana, problema que lejos de mejorar ha empeorado, y en materia de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas en las que los damnificados mayoritariamente se mantienen aún en campamentos de emergencia, y sin disponer aún de fechas concretas para sus soluciones habitacionales. En materia de medio ambiente, la institucionalidad medioambiental está aún e medio desarrollar, ya que no se crean los tribunales ambientales, la superintendencia de medioambiente y los servicios de biodiversidad y áreas protegidas. Adicionalmente, los proyectos energéticos siguen en procesos de conflicto de aprobación por deficiencias en la localización, diseño y cumplimiento de la normativa ambiental creando fuertes presiones sobre las comunas en las que se emplazarían. 
Los tribunales de justicia están supliendo la ausencia de institucionalidad y de preocupación del Ejecutivo en esta materia. El contrapunto de estos vacíos es que los costos marginales de generación siguen subiendo, con el consiguiente impacto en la inflación y la competitividad de la producción de Chile.
 
Las novedades en materia de impuestos verdes producen costos a los consumidores y dejan con serias dificultades de aplicabilidad a la instauración de la Responsabilidad Extendida de los Productores (REP), en la que éstos asumen el costo del reciclaje.

Finalmente, la iniciativa tributaria es un claro retroceso ya que reduce de manera permanente los ingresos al rebajar los impuestos directos que se aplican al 20% de hogares de mayores ingresos, que junto a la reducción del impuesto al crédito no es compensado por el mayor anticipo de 20% impuestos sobre utilidades en reemplazo del anterior de 17% que deben realizar las empresas. Los mayores recursos provienen del control de la elusión y evasión, siendo resultados inciertos para el erario nacional. 

La deducción de gastos de educación de la base imponible del impuesto a la renta, se sitúa en un segmento muy acotado de hogares, a los que no les representa solución alguna pero los conmina a pagar por servicios de educación, y fruto de la poca regulación existente, con seguridad los establecimientos elevarán los aranceles que cobran y no se generará beneficio social alguno, pero sí muchos privados incrementarán sus tasas de ganancia.