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La microempresaria Luisa Jacqueline Pérez Cano pidió acelerar la investigación de la querella en la que acusa a ejecutivos del Banco Santander, en Valdivia, de tramitar al menos tres millonarios créditos a su nombre, que ella jamás solicitó y que habrían sido cobrados por los mismos funcionarios.

La acción legal fue interpuesta en agosto de 2016 en la Fiscalía Regional, sin embargo, la querellante lamentó que aún no se procede a la formalización de ninguno de los involucrados.

Según describió Diario Austral, el vínculo entre Pérez y la entidad bancaria tiene su origen en 2006, cuando solicitó un crédito hipotecario. Los problemas comenzaron seis años después, en agosto de 2012, cuando se percató de que se le estaban descontando las cuotas de otros dos créditos hipotecarios desde su cuenta corriente, que ella nunca había solicitado. Los créditos sumaban 3.076 UF (alrededor de 70 millones de pesos en ese entonces).

“En febrero de ese año me llamó la atención la insistencia del banco en pedirme documentos, con la excusa de renovar mis antecedentes. Luego de eso me sometí a una intervención quirúrgica en que tuve algunas complicaciones y me desconecté de mis asuntos financieros, por unos tres meses. En agosto de 2012 me di cuenta de estos descuentos y reclamé, pero la ejecutiva me dijo que si había un error, el banco me iba a devolver los dineros. Pero finalmente pasé de ejecutiva en ejecutiva sin tener ninguna respuesta ni explicación y no me dejaron de cobrar”, aseguró la afectada a dicho medio.

ENDEUDAMIENTO

Jacqueline Pérez comentó que “venía tratando de que mi negocio crezca y todo esto me limitaba. Entonces vendí una parcela, mi auto y otras propiedades. Pagué al banco más de $50 millones para saldar la deuda, pero no pasó nada”.

Como si fuera poco, a comienzos de 2015 se dio cuenta de había un giro a su nombre de un crédito de consumo por 31 millones de pesos, el cual nunca pidió ni aprobó. Tampoco tuvo respuestas.

La afectada recordó que “solicité en el banco mi carpeta operativa y en principio me la negaron, pero finalmente accedieron. Contraté una secretaria contable para analizar los documentos, muchos de los cuales yo no había visto nunca. Por ejemplo, descubrimos que uno de los vale vista fue cobrado (en 2014) por una ejecutiva que yo no conozco. Pasó por caja y no tiene mi firma”.

Tras presentar la primera querella, en 2016 dejó de cancelar los créditos, a la espera de recibir una respuesta de la entidad bancaria. “Hasta ese minuto pagué $206 millones al banco”, aseguró.

INFORMES

Un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI concluyó que “a la luz de las evidencias y documentación, se manifiesta un claro abuso, aprovechamiento de un sobreendeudamiento, acciones jurídicas, cuasi delictuales, inconsistencias y ambivalencias por parte de la institución bancaria” y que “se ignora el destino de las 3.076 UF”.

En tanto, un documento de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Valdivia reveló que una ex ejecutiva del Banco Santander, de iniciales J.A.A.Q., tiene antecedentes “en varias causas por delitos de robo en lugar habitado, estafa, usurpación de nombre, falsificación o uso malicioso de documento público”.

“El banco contrató a una delincuente como ejecutiva y fue una de las que me atendió. Además, inentendiblemente, el banco le ha otorgado créditos a esa persona por un monto de $470 millones”, sostuvo Pérez.

REMATE

Para colmo, la microempresaria valdiviana contó que “la semana pasada, el banco me notificó que quiere rematar mis propiedades por estos mismos documentos falsificados. Algo está muy mal. La investigación ha sido súper larga, pero espero que al finalizar el proceso el banco me deje tranquila y que me restituyan todo lo que he perdido. Siento mucha impotencia, frente a una empresa tan grande”.