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A pesar de que en los últimos treinta años la democracia se mantuvo como la forma de gobierno imperante, América Latina no ha logrado consolidar una institucionalidad que garantice el bienestar y la propia vida de los latinoamericanos.

El filósofo colombiano Bernardo Toro, resalta que “queremos un estado y unas instituciones públicas que nos reflejen, que se parezcan a lo que nosotros somos. Ese es el grito que va desde la dignidad campesina en los campos de Colombia hasta las plazas y las calles del Cairo, Estambul, Río de Janeiro, New York, Buenos Aires y Santiago de Chile”.

Toro señala que no es posible ser ciudadano sin Estado, pero tampoco es posible un Estado democrático sin ciudadanos. Aquí entendemos por ciudadano a aquel que, en cooperación con otros, es capaz de crear, cuidar o transformar el orden social en el que vive y protegerlo para preservar la dignidad de todos. Ser ciudadano es tener la capacidad de hacer real el ordenamiento y la arquitectura política del estado social de derecho, es decir, un estado que actúa para hacer efectivos los derechos humanos para todos.

Sin embargo, en varios países de Latinoamérica el Estado democrático y sus instituciones son capturados por intereses que las alejan de su objetivo de garantizar el bien común, llevándolos a responder a intereses corporativos, o incluso a ser cooptados desde la corrupción y el delito organizado. Entonces, ese Estado que debe velar por el cumplimiento a pleno de los derechos humanos, termina permitiendo que sean violados, inclusive desde las propias instituciones públicas.

Por ejemplo, en la ininterrumpida democracia colombiana -que está sumida en un proceso de violencia involucrando a guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares- durante 2013 se superó el total de 218 mil muertes acumuladas en los últimos 55 años, de datos de una investigación llevada adelante por el Grupo de Memoria Histórica. El sistema democrático mexicano, jaqueado por el narcotráfico, registra desde 2006 –según un informe de la organización italiana Libera- un total que supera los 116 mil muertos vinculados a crímenes generados por el comercio de droga.

El siguiente apartado describe los cuatro escenarios que conviven en un sistema democrático, yendo de la plena vigencia de la democracia concebida como proyecto ético, a su máxima expresión de degradación expresada en esquemas de democracia concebidos como proyectos de impunidad.

Los cuatro proyectos de democracia

Para enmarcar el sistema democrático se plantean cuatro ejes, dos de los cuales hacen foco en el nivel de consolidación de las instituciones y dos en el nivel de cohesión social.

El eje de la Institucionalidad es aquel que da cuenta de la fortaleza del estado y de los instrumentos de la democracia participativa, de la capacidad de las políticas públicas para generar inclusión social sostenida en el tiempo y del poder de las instituciones estatales para combatir y condenar la violencia y el delito organizado.

El eje de la para-institucionalidad hace referencia a las organizaciones y tramas que sirven para perpetuar la ilegalidad de actividades financieras y comerciales, así como la corrupción y la administración discrecional de los recursos públicos en beneficio de asociaciones ilícitas. Son las reglas de juego que facilitan la captura de las instituciones de la democracia y que permiten que las asociaciones ilícitas se impongan en la sociedad por las vías del delito y la violencia.

En los dos ejes de la cohesión social, la Empatía es la que permite a los diversos miembros de la sociedad civil actuar en un marco de valores compartidos, mediante el paradigma del cuidado del planeta y de la especie, articulando agendas de acción compartida a partir de espacios colectivos. La empatía permite comprender la situación del otro para alcanzar la suficiente cohesión social que facilita generar bienes públicos mediante los cuales acceder a la dignidad humana y blindar a la comunidad de aquellos actores que amenazan o atentan contra ella.

Por último, el eje de la Fragmentación social, que refleja estructuras sociales sin cohesión, donde existe una alta incapacidad para articular programas sociales y donde la división de los miembros de una comunidad imposibilita cualquier tipo de defensa frente al avance de las asociaciones ilícitas o la corrupción. Son sociedades donde la fragmentación impide que las redes virtuosas impulsen la producción de bienes públicos y de redes solidarias que breguen por el acceso equitativo a las oportunidades.

Definidos estos cuatro ejes, podemos identificar cuatro cuadrantes, de acuerdo al siguiente gráfico:

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En el cuadrante superior derecho, donde se conjuga una institucionalidad consolidada y una alta empatía social, se dan las condiciones de Estado de Derecho, donde la democracia funciona en la práctica como un Proyecto Ético.

Una cosmovisión que organiza a la sociedad en una democracia entendida como un sistema que garantiza dignidad humana. Es el esquema de democracia plena y real, donde el poder ciudadano y las herramientas institucionalizadas de la democracia participativa (ley de acceso a la información, plebiscitos, audiencias públicas, leyes de regulación de lobby, presupuesto participativo, banca popular y demás herramientas que facilitan que los ciudadanos participen más allá del voto) aseguran que el sistema democrático defina la calidad de vida individual y el ciudadano tenga incidencia en la definición de la calidad de vida colectiva. En este cuadrante hay pleno funcionamiento del sistema democrático y es el único en el cual la ilusión de democracia se ajusta a la realidad de la sociedad.

En el cuadrante superior izquierdo, se conjuga la institucionalidad con una sociedad civil fragmentada, dando lugar a la generación de condiciones favorables a la corporativización (donde es relevante y decisivo el poder de los intereses corporativos en detrimento del interés común), lo que genera una democracia atada a un Proyecto Moral. La moral, a diferencia de la ética que es un proyecto construido colectivamente y que tiene a la dignidad humana como foco, es un conjunto de normas y reglas que se imponen desde el poder. Por ejemplo, en Argentina, hasta el año 1813, la esclavitud era un proyecto moral, pues para quienes definían las normas, era legal poseer esclavos.

Cuando las políticas públicas y los organismos del estado en las democracias comienzan a ser definidas y administradas por las fuerzas del lobby corporativo, los bienes públicos se convierten en bienes sectoriales que benefician a un pequeño grupo de la sociedad.

Este lobby puede responder a agendas de presión de carácter público –cámaras empresarias que hacen gestión de intereses para que una ley beneficie a determinado sector productivo- u ocultas –burocracias sindicales que escudándose en reivindicaciones laborales acumulan poder para la dirigencia. Pueden apelar a métodos transparentes –negociaciones abiertas y públicas como paritarias o audiencias públicas sobre contrataciones del estado- o a recetas informales –como influir en un juez mediante el “alegato de oreja” (*). En este cuadrante la democracia cede a la presión de los distintos poderes y lo público, que debe ser disfrutado por todos en igual cantidad y calidad, se convierte en bienes o servicios que benefician a determinado sector, derivando en una democracia de privilegios.

En el cuadrante inferior derecho coinciden la para-institucionalidad con cierta capacidad Empática, elementos que favorecen a la Cartelización y convierten a la democracia en un Proyecto de Delito. Este es el escenario el delito se organiza logrando que la cohesión de las asociaciones ilícitas se imponga a la empatía social basada en valores éticos y legalidad. La fuerte empatía de la mafia (corrupción institucional, delito organizado como narcotráfico, contrabando de armas y mercaderías en general y trata de personas) se impone -dentro de determinadas reglas de juego que se respetan entre las facciones del mundo del delito- a la débil articulación de la institucionalidad pública y privada para asegurar la vigencia de la ley y la capacidad del estado para controlar y sancionar.

De esta manera la para-institucionalidad en el ámbito del estado (sistemas de coimas para beneficiar a determinado grupo empresario en una licitación pública, sobornos a políticos y fuerzas de seguridad para garantizar inacción frente al delito) y/o del mercado (protección a comercios para que puedan funcionar sin sufrir amenazas ni atentados, sociedades comerciales o financieras dedicadas al lavado de dinero o a enmascarar actividades ilícitas) se imponen a la institucionalidad. Y la empatía entre los que administran el delito y quienes deberían combatirlo genera el marco de convivencia necesario para evitar la violencia desatada. Este cuadrante donde encastran la corrupción y el delito organizado en marcos de códigos mafiosos que se respetan, tornan al sistema en una democracia del delito.

El cuarto cuadrante, abajo a la izquierda, fusiona para-institucionalidad con Fragmentación social, escenario en el cual se desarrolla la megacorrupción que arrasa a la democracia hasta convertirla en un Proyecto de Impunidad. El Estado o se muestra ausente o es capturado por las fuerzas delictivas y las asociaciones ilícitas que, además de arrebatar recursos públicos, cooptan el canal estatal garantizando impunidad al delito. La sociedad civil genera transacciones dañinas donde se administra pobreza de manera deliberada, delito para financiar la dirigencia e ignorancia cívica para manipular a las poblaciones. Las reglas de juego del mercado son reemplazadas por la fuerza del delito organizado y las empresas se convierten en fachadas de actividades comerciales ilegales. El estado pierde el control del territorio y el monopolio de la fuerza pública, y las sociedades son dominadas por la violencia y el delito. En este cuadrante la escala de degradación social se muestra completa: los negocios se convierten en negociados; los negociados en corrupción; la corrupción en corrupción estructural; la corrupción estructural en impunidad y la impunidad en ostentación, presentándose la máxima brecha con la democracia como proyecto ético, al consolidarse la democracia de la impunidad.

De los cuatro cuadrantes, solo en uno la democracia es real y el estado funciona al servicio de la comunidad: es el cuadrante de la democracia como proyecto ético, donde la sociedad civil es protagonista en la construcción y defensa del Estado, de sus instituciones y del estado de derecho.

En los tres restantes, que conviven con el cuadrante de estado de derecho, la democracia se degenera y se convierte en esquemas al servicio de los poderosos, de los delincuentes o de los violentos: la democracia como proyecto moral que se pone al servicio de los privilegiados; la democracia como proyecto de delito, que funciona al servicio de las asociaciones ilícitas, y la democracia como proyecto de impunidad, que termina cooptada por el poder de la violencia y el delito organizado.

Por lo tanto, el desafío cumplido en América Latina de consolidar a la democracia como sistema, requiere ahora de una sociedad civil que sea capaz de expandir el cuadrante del estado de derecho para reducir la preponderancia de los otros tres proyectos de democracia (la moral, la de delito y la de impunidad). Para ello volviendo a Bernardo Toro, se “requiere de un estado construido desde la sociedad civil”.

Para que la democracia sea plena, con un estado de derecho consolidado y basada en un proyecto ético que garantice la máxima dignidad humana, las sociedades deben ser capaces de construir una arquitectura social que sostenga a la democracia dentro de los paradigmas de la ética.

(*): Alegato de oreja: Expresión coloquial para describir la resolución de un expediente legal entre una de las partes y el juez, sin presencia de la contraparte y sin que existan pruebas o constancias de lo hablado.