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El departamento de Jorge Mario Quinzio, de 94 años, es un pequeño museo. Diplomas de diversas universidades y medallas de reconocimiento a sus décadas de trayectoria profesional y académica se mezclan con fotografías en las que aparece junto a importantes políticos del siglo XX, entre ellos un joven Fidel Castro.

Es licenciado en Historia y abogado, profesor titular y emérito de derecho político y constitucional de la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile en Panamá hasta 1973 y amigo de Salvador Allende. Y fueron las movilizaciones sociales llevadas a cabo desde el año 2011 las que lo motivaron a pasar los últimos tres años elaborando el “Proyecto de Constitución Política para la República de Chile en el Siglo XXI”.

“Si no cambiamos la Constitución, ni el sistema institucional (…) en nuestra patria, continuará aumentando la inseguridad social, la delincuencia, el descontento y la infelicidad del pueblo. La paz y el progreso se alejarán cada día más de nuestra sociedad”, profesa el documento, redactado en colaboración con el abogado Luis Olguin, quien fuese ex alumno del profesor Quinzio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

Con un espíritu profundamente democrático y republicano, orientado al bien común, la propuesta plantea cambios radicales a la actual Carta Magna concebida en dictadura.

Uno de ellos es la adición de un vicepresidente elegido democráticamente, cuyo cargo, al igual que el del Presidente de la República, durará cinco años.

Además, el proyecto contempla una división territorial en siete regiones, según su actividad económica: Tarapacá, Iquique y Antofagasta (Gran Minería), Copiapó, Coquimbo y La Serena (Minera-Pesquera), Valparaíso y Aconcagua (Administrativa-Agrícola-Pesquera), Metropolitana (Administrativa-Industrial-Comercial), Rancagua, Colchagua, Maule, Concepción y Arauco (Agropecuaria-Minera), Temuco, Valdivia y Puerto Montt (Agropecuaria-Industrial) y Coyhaique, Punta Arenas y la Antártida (Agropecuaria).

La idea es que entre el 60 y el 70% de los recursos de cada región se reinviertan localmente, mientras que el porcentaje restante irá al Gobierno Central para ser repartido.

Cámara de Representantes

Cada una de estas siete regiones elegirá a veinte parlamentarios que integrarán la Cámara de Representantes, que reemplazará al actual Senado y la Cámara de Diputados. En el caso de la región comprendida por Temuco, Valdivia y Puerto Montt, cinco de esos representantes deben pertenecer a etnias aborígenes, mientras que en el caso de Valparaíso y Aconcagua hay un cupo reservado para un representante nativo de la Isla de Pascua.

El paso a un Congreso unicameral está basado en experiencias internacionales que habrían dado “amplios resultados”: “Perú tenía bi, tienen uni, Ecuador tiene bi y ahora tiene uni, todos los países centroamericanos tienen una. ¿Para qué queremos dos Cámaras, si es un barullo para sacar los proyectos? ¿Para qué queremos más representantes? Buenos representantes van a hacer buenas cosas”, explica el académico.

Estos representantes pueden ser elegidos una sola vez, con el objetivo de “dar el tiraje a la chimenea”.

Además, la propuesta de Constitución otorga la posibilidad a los ciudadanos de presentar proyectos de ley. “Y el Congreso tiene la obligación de tratarlos. Otra cosa es que los apruebe o los rechace al tiro: la mayoría dice no y es no. Si la mayoría dice sí, tiene buenas cosas este proyecto, se trata. Entonces el pueblo tiene injerencia”, afirma Quinzio.

Entre las otras atribuciones del pueblo otorgadas por este proyecto de Constitución está el pedir la realización de un plebiscito y definir cómo debe efectuarse.

Estado docente

El agua como un bien público, el voto obligatorio y proporcional y la creación de un Defensor del Pueblo cuyas determinaciones sean vinculantes son otras de las figuras que se agregan en esta propuesta de Constitución, en la que se eliminan todas las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado, reemplazándolo por la obtención de una mayoría simple en la Cámara de Representantes. Solo se aplicarán leyes de quórum calificado en casos puntuales como, por ejemplo, para cambiar la Constitución.

Un planteamiento fundamental proyecto es establecer a la educación, la enseñanza y la instrucción como un deber del Estado y, por tanto, pública y gratuita para todos los ciudadanos. Además, se determina la colegiación obligatoria de los profesionales, algo que para el abogado es “esencial”.

“Hoy día una universidad enseña tal cosa y otra universidad, otra, y salen médicos, abogados, dentistas mal instruidos. Eso debe ser controlado por el Estado, volver al Estado docente: el Estado controla los títulos”, expone.

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Poder constituyente

Jorge Mario Quinzio enfatiza que el proyecto de nueva Constitución está inspirado en la idea del Poder Constituyente, expresión cuyo origen radica en los escritos del abate Sieyés durante la Revolución Francesa. Para el abogado, la urgencia de cambiar la actual Carta Fundamental reside en que Chile nunca ha tenido “una Constitución en la que esté toda la sociedad, los grupos sociales y la clase trabajadora, especialmente”.

“No hay una constituyente democrática en Chile. Ningún texto, salvo el de 1828, no hay una constitución democrática en Chile, en ninguna ha tenido injerencia el pueblo en su gestación”, manifiesta.

El proyecto de nueva constitución elaborado por el profesor Quinzio ha sido revisado por diversos profesionales y está en constante modificación, con la finalidad de ser compartido, discutido y poder convertirse en realidad.