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El mejor tributo al sistema electoral binominal es el que le rinden los partidos y operadores políticos al conformar nuevamente las listas parlamentarias que competirán en noviembre próximo, a objeto de ganar o mantener escaños de la Cámara de Diputados y el Senado. Un largo tiempo de febriles negociaciones para darle satisfacción a las distintas colectividades obligadas a establecer alianzas como consecuencia de un sistema que sólo reconoce como ganadoras a las dos primeras mayorías.

Una legislación única en el mundo y por la cual la labor legislativa queda acotada a la consolidación de un duopolio político que, con muy leves variaciones, reelige cada 4 u 8 años prácticamente a los mismos parlamentarios, los que han ido envejeciendo en sus cargos gracias a un sistema que todos reconocen como injusto y excluyente, pero que se ha enseñoreado, como la Constitución pinochetista, durante 23 años y el paso de cinco gobiernos. Con los incentivos, además, de que gozan los parlamentarios situados en la cúspide de nuestra escala fiscal de remuneraciones y prebendas.

En cinco eventos electorales se ha denunciado el carácter antidemocrático de esta fórmula electoral y se ha apelado a la necesidad de conseguir doblajes en las circunscripciones y distritos de modo de conseguir una mayoría que se imponga después en el mismo Congreso Nacional para lograr un retorno al sistema proporcional de elección o, al menos, un binominal corregido.

Sin embargo, hoy nuevamente comprobamos que los principales propiciadores de esta reforma electoral no intentan siquiera abrir sus listas a aquellos sectores excluidos por el sistema y que, en conjunto, obviamente constituirían una sólida mayoría no sólo para cambiar la Ley de Elecciones y Escrutinios, sino la propia Carta Fundamental, además de acometer otras importantes demandas populares, como la reforma del sistema tributario, el previsional y, obviamente, corregir nuestra bochornosa realidad educacional.

El único gesto que hizo la Concertación en este sentido fue asegurarle algunos cupos de diputados al Partido Comunista pero que en nada cambiaron la correlación de fuerzas en la Cámara como para imponer un cambio institucional. Aunque está apertura al PC pueda haberle sumado algunos votos a esta Coalición, resulta evidente que cuando ésta compitió aliada con los comunistas, justamente perdió el gobierno de la Nación. Aunque, más bien, por sus propios errores y pérdida de liderazgo.

Pero lo más increíble es que desde el mundo político de los segregados por el sistema electoral también existen quienes se desgañitan por armar y competir con otras listas y candidatos que, finalmente, lo que más logran es legitimar con su participación el sistema que tan ácidamente critican.

Tal contrasentido no podría explicarse claramente sin considerar que parece ser propio de la condición de muchos políticos obnubilarse con sus atributos personales como, asimismo, por la oportunidad de reunir algún caudal electoral que le permita recibir recursos públicos que, al final, les sirven para financiar las sedes, el timbre y la campanilla en sus respectivos referentes. Luego de que nuestro Poder Legislativo acordara partidas presupuestarias para financiar las campañas electorales y permitir que las empresas hagan contribuciones a los partidos y candidatos, en operaciones que les representan elevar sus gastos, como disminuir sus tributos. Un proceso que por cierto, suele resultar muy seductor para los candidatos y los empresarios.

Dos proyectos de modificación del sistema electoral van a ser debatidos en el Congreso al calor de la contienda que ya se inició bajo la más amplia pleitesía al sistema electoral cuestionado. En un “golpe a la cátedra”, como se ha dicho, senadores de Renovación Nacional y de los partidos de la Concertación han consensuado un proyecto que, haciéndole cambios cosméticos al binominalismo, propone ampliar el número de parlamentarios para abrirle espacio a otros sectores políticos. 

Una iniciativa que es justo reconocerle algún mérito, pero que parece muy difícil de prosperar por la controvertida idea de sumar más diputados y senadores a la que es una de las instituciones más desprestigiadas de nuestra institucionalidad. Una propuesta, por lo demás, que mereció la rápida reacción del Gobierno de Piñera y de sus parlamentarios más fieles con una iniciativa que tampoco representa un cambio sustantivo del actual sistema, pero que al menos renuncia al despropósito de ampliar el número de los legisladores actuales. En todo caso, el Jefe de Estado ha advertido que es voluntad de su gobierno dar paso a una nueva ley electoral pero que la reforma que resulte sólo entraría en vigencia para las elecciones parlamentarias del 2017.

Con los proyectos planteados y esta última advertencia presidencial, es muy poco probable, entonces, que bajo la actual administración se alcance una reforma importante al sistema. Lo más seguro es que la discusión se prolongue durante la contienda electoral pero finalmente quede en el nuevo gobierno y parlamento que se elija en noviembre la posibilidad de avanzar en el tema. Situación que en el pasado invariablemente ha sido bloqueada con el feliz apoltronamiento en las cámaras legislativas de los que resultan electos y que, de verdad, son reelegidos en cifras superiores al ochenta por ciento.

Aunque todavía no se cierran del todo las listas electorales, parece imposible que los integrantes del duopolio político se propongan esta vez romper el empate político consolidado por ellos en el Poder Legislativo. Más bien, todo indica que las dos grandes mayorías se van a “repetir el plato” parlamentario, a no ser que desde los sectores excluidos triunfen algunos candidatos que, más que quebrar el actual equilibrio garantizado por el Binominal, puedan refrescar los añosos rostros del Parlamento y, al menos, ganar visibilidad pública.

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