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262 anuncios que requieren de modificaciones legislativas ha comprometido la administración de Sebastián Piñera desde que asumió el 11 de marzo del 2010.

Estos incluyen compromisos del programa de Gobierno y otros que surgieron gracias a la contingencia, como las protestas sociales de estudiantes y ambientalistas, y eventos accidentales como el incendio de la cárcel de San Miguel, por ejemplo.

De este universo de promesas hay 50 que se han concretado como leyes de la República, 78 que están en tramitación en el Congreso y 134 están pendientes. Es decir, más del 50 por ciento están congeladas y sólo son parte del imaginario colectivo.

Así lo demostró el Informe de Evaluación de Anuncios en Materia Legislativa del Gobierno [11] realizado por el Centro Democracia y Comunidad, el cual ubicó en un 19 por ciento el grado de cumplimiento del Ejecutivo en cuanto a sus compromisos.

Economía: 72% de incumplimiento

Desglosados por áreas, la agenda económica exhibe un incumplimiento del 72 por ciento, con reformas muy mediatizadas por el Ejecutivo pero sin proyecto en el Parlamento, como la ley de Zona Franca para Aysén y la creación del ministerio del Emprendimiento e Innovación.

Aún así, el Gobierno se ha focalizado en dos grandes iniciativas: la Agenda de Impulso Competitivo y la reforma tributaria.

Sobre la primera, Oscar Landerretche, director de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, llamó a poner atención, debido a las críticas que ha recibido por su carácter privatizador de ciertas áreas productivas.

“Tenemos que tener cuidado en cómo se hacen las cosas, aquí hay debates nacionales bien importantes, cómo vamos a explotar el litio, cómo provocamos desarrollos productivos sin perder el control regulatorio del desarrollo estratégico. Hay que mirarlo caso a caso, no haría un planteamiento en general, pero cuando uno mira caso a caso encuentra preocupaciones de ese tipo”, sostuvo Landerretche.

El académico agregó que la reforma tributaria es insuficiente para financiar modificaciones sustantivas en Educación y que las cifras macroeconómicas de crecimiento se deben a los efectos expansivos del terremoto.

Educación: 70% de incumplimiento

En materia de Educación, el estudio del Centro Democracia y Comunidad ubicó en un 70 por ciento el grado de incumplimiento legislativo del Gobierno.

De los proyectos aprobados o en tramitación, Heidi Berner, académica de la Universidad de Chile, criticó el texto legislativo que crea las agencias públicas de educación, calificado por el Ejecutivo como el primer paso hacia la desmunicipalización.

A juicio de la docente, el proyecto no entrega un marco orientador de lo que se entenderá por Educación Pública ni modifica las relaciones entre el aparato estatal y los colegios, lo que incide directamente en las subvenciones o selección de alumnos, por ejemplo.

En el ámbito de la Educación Superior, la docente valoró los avances en financiamiento y el aumento de becas, pero aún así enfatizó que calidad es la gran deuda del Gobierno.

“Es positivo el tema de aumento de becas hasta el tercer quintil, también las modificaciones al CAE en lo que tiene que ver con la disminución de la tasa, pero la gran pregunta es cómo mejoramos calidad, porque podemos tener suficientes recursos para garantizar acceso a los alumnos meritorios al sistema, pero el tema de la calidad no se ha trabajado. No sirve mucho tener acceso al financiamiento si al final del día hay una tasa importante de deserción, si las carreras no permiten a los alumnos encontrar trabajo en lo que ellos estudiaron después”, aseguró Berner.

Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FECH, le restó importancia al grado de cumplimiento legislativo en materia educacional, y afirmó que la política de Gobierno se sigue basando en un principio subsidiario.

“No hay que evaluar en términos de cuántas iniciativas han mandado y si han sido efectivos en su aprobación, sino en el espíritu de las iniciativas. Son todas políticas inspiradas en el principio de subsidariedad que instauró por la fuerza de la dictadura y que perfeccionaron los gobiernos de la Concertación y que ha demostrado tener  como consecuencia la creación de un sistema segregado, de muy mala calidad, que va a seguir segregándose inspirado en este principio”, señaló Figueroa.

Seguridad Ciudadana: 68% de incumplimiento

En materia de Seguridad Ciudadana los compromisos se deberían traducir en 28 modificaciones legislativas, de los cuales 14 se han aprobado en el Congreso, 11 han ingresado pero continúan en tramitación y 17 siguen sin ser estructurados, es decir, existe un 68 por ciento de incumplimiento.

Un área especialmente sensible para la población, según manifestó el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Hugo Fruhling, quien aseveró que los programas de reinserción se están consolidando aunque en una etapa inicial.

El académico dijo que el discurso del Presidente debería centralizarse en la “tolerancia cero en delitos cometidos en espacios públicos”, dado que es uno de los principales flancos en la gestión anti delincuencia.

“Donde más al debe está el Gobierno es en la disminución de los delitos en el espacio público. Pero hay otra meta que no se puso el Gobierno, pero implícitamente todos nos ponemos cuando hablamos de delito, es que el temor de la población no ha disminuido, sino que aumentó en la última medición”, agregó Fruhling.

Gloria Requena, directora de la ONG Activa, sostuvo que ha habido avances importantes, como la aprobación del brazalete electrónico, pero que en lo relacionado con reducir el delito no se ha cumplido lo suficiente. Ello, porque el Gobierno se ha centrado más en la política del control delictual que en las temáticas de prevención, rehabilitación y reinserción, lo que tiene que ver con que hay un enfoque erróneo en la actual administración.

“Hemos gastado enormes cantidades de recursos en temas asociados al control delictual, pero nos olvidamos que en algún minuto la gente cumple la condena y tiene que salir y tenemos cero pesos en materia de rehabilitación y reinserción. También la promesa del trabajo que se iba a hacer en hombres agresores tampoco es tal, porque lo que tenemos es un piloto que no alcanza a cubrir ni el 0,5 de los casos que se presentan. Aquí tenemos grandes deudas y muy pocas respuestas para poder enfrentarlas”, indicó Requena.

Salud: 85% de incumplimiento

En Salud, el estudio del Centro Democracia y Comunidad cifró en un 85 por ciento el grado de incumplimiento de la agenda legislativa.

Cecilia Sepúlveda, decana de la facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señaló que existen varias deudas en el sector, tales como el reforzamiento de la atención primaria, la falta de médicos especialistas, el mejoramiento de las remuneraciones de los equipos de salud, la falta de camas y la crisis de la atención de urgencia.

Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), señaló que la gestión del Ejecutivo ha sido desastrosa, pese a la eliminación gradual del 7 por ciento en salud para jubilados.La dirigenta de la salud municipalizada acusó una privatización del sistema público de salud.

“Estamos sumamente preocupados y consternados con esta política que busca desangrar y transferir los recursos del sistema público para que sean los privados los que hacen de la salud un negocio, quienes ejecuten las acciones que nosotros en los servicios públicos, consultorios, hospitales, Cenabast, etc., no podemos hacer por la falta no solo de recursos financiero, sino además por una política financiera que apunta a desmantelar el sistema de salud”, dijo Espinoza.

Otras materias

En materia Medioambiental y Energía, Patricio Rodrigo, vocero de Patagonia Sin Represas, sostuvo que el Gobierno está atrasado en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de la Conaf  Pública, la Superintendencia de Fiscalización Ambiental y los Tribunales Ambientales.

“Encontramos que en el tema de agenda ambiental está severamente atrasado y es muy difícil que logre cumplir todos sus compromisos. Con suerte va a poder cumplir un 10 por ciento y un 90 va quedar con incumplimiento”, manifestó Rodrigo.

En Energía, el ambientalista expresó que la gestión es aún más desastrosa, ya que la administración de Piñera ha promovido “trajes a la medida” para los monopolios eléctricos. “Y envió un proyecto de ley fast track de concesiones eléctricas que es un proyecto expropiatorio, anticonstitucional, y que solamente le da la libertad a las empresas que quieren tirar líneas de transmisión de pasar sobre cualquier propiedad privada, transgrediendo toda la legislación que resguarda los derechos de propiedad de las personas”, indicó el ambientalista.

En tanto, el economista Eugenio Rivera, afirmó que todo el paquete de medidas compromisos que ha impulsado el Gobierno ha apuntado a beneficiar a sectores populares y de la clase media, pero nunca con el objetivo de modificar en su estructura al sistema.

“Diría que hay una política que es exitosa en un tema central, que es lograr impulsar una serie de medidas que tienen claros beneficiarios entre los sectores más pobres y medios, pero que de alguna manera permite profundizar y consolidar el proceso de privatización que está en marcha y desviar la atención hacia problemas secundarios”, añadió Rivera.

Futuro: “pequeña política”

Pamela Díaz, directora de la Fundación Equitas, pronosticó el camino que tomará la gestión del Gobierno durante sus dos últimos años de mandato, con especial atención en la carrera presidencial.

“Lo que va a copar la agenda es la ‘pequeña política’, la reforma en el programa tal, la renovación del bono no se cual.. O sea, pequeñas medidas con bastante prensa, que tienen un impacto directo en quienes la reciben, pero que no cambian en nada la estructura, porque eso no está para tocarse en este período. Es el marco de una estrategia de campaña en donde las fichas van a estar puestas en las personas y no en sus programas. No hemos visto una discusión de proyectos, una discusión programática profunda”, expresó Díaz.

La experta sostuvo que esta carrera estará marcada por diferencias entre los partidos que conforman la Alianza, tal y como ha sido la tónica durante los dos años de gestión del Presidente.