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Con el reinicio de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) – que habían estado congeladas por cerca de cinco meses – se abrió una nueva etapa en la definición de los incentivos al retiro que se aplicarán a la administración pública.

El Gobierno comenzó a trabajar este programa de manera sectorial con cada gremio y, si bien, ya se ha logrado acuerdos con siete agrupaciones, en su mayoría ligadas al área de la salud, existen sectores que no están conformes, ya sea por haber quedado por debajo del piso ofrecido o porque, simplemente, implica una pérdida de beneficios.

“Esto fue un acuerdo de 2010, que fue ratificado en 2011, donde se establecía que en los planes de retiro, cada gremio sectorialmente iba a negociar con el Ejecutivo. Algunos ya han llegado a consenso y otros están en los procesos de negociación. Hubo una instancia de inercia, de corte en las conversaciones, pero ya  se están restableciendo. En algunos casos, como la Anef, no están satisfechos con lo que se les está ofreciendo -que es similar al resto de los gremios – porque tenían una ley bastante superior en los años anteriores”, precisó el coordinador de la Mesa del Sector Público de la CUT  y secretario general de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch), Manuel Bravo.

La propuesta del Ejecutivo considera un mes de remuneraciones imponibles por año de servicio, con un tope de 11 meses y un bono de 395 U.F, es decir, cerca de 8,8 millones de pesos. Además, se establece una cláusula de compatibilidad de los planes de retiro con un bono postlaboral, que ascendería a los 55 mil pesos mensuales.

Precisamente, el presidente de la Anef, Raúl de la Puente, subrayó que en este plan constituye una pérdida de derechos adquiridos para una de las agrupaciones más grandes del sector público.

“Por ser el primer gremio en lograr esto, teníamos beneficios más altos. Lo que está haciendo el gobierno es nivelar hacia abajo porque los que firmaron el acuerdo, lo hicieron por montos menores a los nuestros, por lo tanto, les han ofrecido bonificaciones similares a las que ya han tenían. Ellos no han perdido, sin embargo, nuestra merma es mucho mayor”, afirmó el dirigente.

De hecho, hasta 2010, los empleados fiscales que jubilaban recibían una indemnización que podía ir desde 12 hasta 24 millones de pesos, dependiendo del rango.