Por Antonia Garcés, Ingrid Padópulos y David Arboleda del Proyecto CRISOL: Movilidad humana y Derechos

En el marco del nuevo proceso constitucional que inició hace algunas semanas con el trabajo del Comité de Expertos y Expertas, del Comité Técnico de Adminisibilidad y la instalación de la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, nos parece fundamental rescatar algunos datos del proceso anterior en cuanto a participación electoral de la población extranjera, para así observar las oportunidades y desafíos actuales.

La buena noticia que reflejan estos datos es que la participación electoral de la población migrante aumentó de 20,9% en el año 2020 al 61,3% en el plebiscito constitucional de septiembre del año 2022 (Servel, 2023). Esto se explica, en parte, por la obligatoriedad del voto, que empezó a regir en este proceso, pero también por fenómenos que se van produciendo a medida que el tiempo en el país de destino es mayor, y así aumenta el sentido y sentimiento de pertenencia que va produciendo el habitar un país en el cual trabajan, educan a sus hijos e hijas, forman parte del sistema de salud, utilizan el transporte público, pagan sus impuestos, y participan de las Juntas Vecinales.

Al analizar por nacionalidad, las personas venezolanas son las de mayor alto porcentaje de votación (78,5%), es decir, de 34.605 personas de esta nacionalidad y que cuentan con derecho a voto, 27.150 lo hacen. De la misma manera votan bolivianos/as (70%) y peruanos/as (69,6%). La población que menos vota, pudiendo hacerlo, son de nacionalidad argentina (49,4%).

Una segunda buena noticia corresponde al tema de género. En varias nacionalidades quienes tuvieron una mayor participación fueron las mujeres: bolivianas (60%), colombianas (58,1%) y peruanas (55,3%) son las que más destacan con su presencia en las urnas de votación. Donde hay una fuerte presencia masculina es en las personas de nacionalidad haitiana (71,5%).

Los derechos civiles y políticos de las personas y comunidades migrantes que habitan nuestro país siguen siendo tema central a la hora de hablar de cohesión social y convivencia. Los resultados aquí presentados son una noticia positiva que nos invita a reflexionar sobre este nuevo proceso que se abre: requerimos una propuesta constitucional que, reconozca los derechos fundamentales de las personas y comunidades migrantes y las haga sentirse parte, para que así estos números sigan aumentando y podamos seguir cimentando un nuevo pacto social para el Chile del siglo XXI.