La acción conocida como Operación Colombo, montada por el organismo de la DINA, fue llevada a cabo en conjunto con medios de comunicación, quienes escondieron y falsearon  información, por lo que se les acusa de encubrir delitos de lesa humanidad en dictadura.

Quien encabeza la lista de acusados es Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio y La Segunda. En este último se publicó el titular “Exterminados como ratones”,  al referirse a la desaparición de 119 opositores al régimen militar. Junto a Edwards, se responsabiliza a Federico Willoughby y Álvaro Puga, entre otros.

La querella busca determinar las redes de colaboración y los responsables de los montajes. Para ello se considerará la declaración de los profesionales que fueron sancionados, por esta misma causa, por el Colegio de Periodistas en 2008.

Hiram Villagra, abogado vinculado con casos de derechos humanos y que lleva la causa, recalcó la importancia de la sanción penal contra quienes resulten implicados.

“Queremos derechamente una sanción al delito de asociación ilícita genocida, delito que tiene una penalidad baja pero es pena efectiva y creemos que corresponde una sanción penal. Porque acá, insisto, no hubo una cobertura, aquí hubo una colaboración, un consenso criminal en que se intentó crear un fantasma como parte de la operación de guerra sicológica”, explicó.

Por lo demás, la querella se unirá a la causa que lleva el ministro Mario Carroza, quien ya interrogó al dueño de El Mercurio en la investigación sobre cómo se gestó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Por su parte, los 25 familiares que firmaron la querella se encuentran organizados en la agrupación Colectivo 119, que reúne a familiares de las víctimas de la Operación Colombo y la familia Gallardo, afectada en el caso Rinconada de Maipú.

Roberto D’Orival, hermano de Jorge D’Orival detenido el 31 de octubre de 1974, es  coordinador del Colectivo 119. Respecto de la querella, enfatizó en la importancia de que se haga justicia.

“Esperamos que en algún momento este país lea en diarios como El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias un titular de similares características pero pidiendo perdón por su intervención, donde se rectifique la verdad, donde se diga que los nuestros efectivamente fueron detenidos, fueron torturados y hechos desaparecer en Chile, por organismos del Estado”, afirmó.

Juan Carlos Chávez Pilquil, hijo de Ismael Chávez Lobos, detenido el 26 de julio de 1974 y quien interpusiera por primera vez una querella criminal contra Agustín Edwards en septiembre de este año, destacó la importancia de no dejar impune estos delitos, sobre todo en un año electoral.

“Más que nunca, previo a esta segunda vuelta que viene de las elecciones, queremos replantear lo que es la impunidad aquí en Chile. No queremos en que en el próximo gobierno se negocie con nuestros muertos”, declaró.

Los familiares se encuentran a la espera de que los tribunales acojan la querella criminal, mientras hacen el llamado a que se sumen otras organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones para que defiendan la lucha por la justicia y la verdad.

La presentación de la querella criminal se hizo en medio de la celebración internacional del día de los derechos humanos, a modo de reflexión y con el objetivo de llamar la atención de los medios de comunicación. Además, coincidió con el séptimo aniversario de la muerte del dictador Augusto Pinochet.