Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas entrega sus conclusiones para Chile

“Las desapariciones forzadas en Chile no son una cuestión del pasado, son del presente y son del futuro”, así lo expresó el Ariel Dulitzky, uno de los miembros de Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), que estuvo en Chile la semana pasada. Este Grupo llegó al país, a petición del Gobierno, para investigar el desempeño del Estado chileno en la persecución de estas violaciones de derechos humanos cometidas durante la Dictadura Militar.

Para presentar las conclusiones, después de su visita, el Grupo de la ONU escogió un emblématico escenario; El Patio 29 del Cementerio General de Santiago, usado para sepultar a víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura sin que, lógicamente, fueran identificadas por los familiares. Dulitzky justificó así la elección de este lugar: “hay muchas personas que estuvieron aquí enterradas que aún hoy no han sido identificadas. Que los responsables de esas desapariciones no han sido juzgados y condenados todavía. Que las familias todavía esperan una verdad de lo que ha sucedido. El sufrimiento continuo de las familias demuestra que las desapariciones forzadas como delito continuado hasta que se establezca la suerte y el paradero de las víctimas” aseguró el argentino. 

Después de una semana de investigación, donde se entrevistaron con la mayoría de instituciones de Chile, visitaron memoriales y conversaron con Agrupaciones de Familiares de las Víctimas, se destacó el avance que ha existido respecto a las reparaciones y persecución por el delito de desapariciones forzadas, que en Chile todavía no está tipificado en la ley.
 
A pesar de las alabanzas, los expertos aseguraron que falta camino por recorrer. Las recomendaciones se enmarcan en distintas área como “la verdad, la judicial, en la de las reparaciones, y sobre temas transversales como la coordinaciones entre distintas instituciones” tal y como explicó Sra. Jasminka Dzumhur, otra de los miembros del grupo de trabajo.
 
RESTABLECER LA VERDAD Y RESGUARDAR LA MEMORIA
 
Restablecer la verdad no es fácil ya que implica castigar a los verdugos y reconocer a las víctimas. En este sentido, según el Grupo de la ONU, “los avances en materia de verdad se han logrado muchas veces a pesar de la falta de cooperación efectiva de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros”.

Además añadieron que “todavía hay que fortalecer más la capacidad investigadora del Estado chileno. La experiencia de la brigada de derechos humanos de la PDI es un modelo muy importante que a logrado avanzar mucho(...)Creemos que es indispensable el establecimiento de un Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas por parte del Gobierno”.
 
Para evitar que se vuelvan a cometer violaciones masivas de derechos humanos en Chile es importante la conservación de la Memoria. Para no olvidar los episodios más traumáticos de nuestro país, la ONU recomendó “que todos los ministros del poder ejecutivo visitaran el Museo de la Memoria, además de todos los titulares de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, quienes también deberían visitar el Museo como una forma de reconocimiento a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.”
 
TIPIFICAR EL DELITO DE DESAPARICIONES FORZADAS
 
En materia de justicia todavía se arrastran algunas formas que dificultan el proceder de los Tribunales a la hora de juzgar casos sobre decisiones forzadas. Los más importantes y que fueron identificados por el grupo de Trabajo son: que en el marco legal chileno no exista la tipificación del delito de desapariciones forzadas y que todavía tenga efecto jurídico el Decreto Ley de Amnistía. Según el Grupo de Trabajo, “la desaparición forzada es un delito que no puede ser amnistiado”.

Además, “El tipo de condena que se impone a las personas responsables de desapariciones forzadas en un gran número es muy bajo, no es proporcional a la gravedad del delito de desapariciones forzadas.”, señalo Ariel Dulitzky
 
Preguntados por las cárceles especiales como Punta Peuco y los permisos que se les han otorgado a algunos condenados por violaciones de derechos humanos, como por ejemplo el caso de Álvaro Corbalán, Ariel Dulitzky respondió que “no debe haber privilegios especiales para ciertos grupos de personas condenadas. No podemos entender porque hay dos lugares como Punta Peuco y Cordillera, donde están las personas condenadas por violaciones graves a los derechos humanos. Estamos recomendando, no que se supriman derechos y privilegios que toda la población carcelaria tiene, sino que haya un proceso transparente, que se informe al público de quien recibe privilegios, por qué los reciben, cuáles son las condiciones para que estas personas puedan recibir los privilegios.Es fundamental tranparentar este proceso.”
 
LA DESCONFIANZA DE LAS AGRUPACIONES DE FAMILIARES
 
Una de las observaciones que más tomó en cuenta el Grupo de Trabajo de la ONU durante su estadía en Chile fue que los avances se han dado sin que exista una política coherente del Estado chileno.“Gran parte de las iniciativas que nosotros vimos, han surgido por el esfuerzo, la lucha incasable de las asociaciones y agrupaciones de familiares, por los familiares, por la iniciativa de algunas instituciones estatales que muchas veces no trabajan de manera coordinada”, aseguró Dulitzky.

Por eso, una de las recomendaciones ha sido que exista una política coherente, coordinada y sistemática desde el Estado chileno en materia de desapariciones forzadas. A este respecto, y en medidas concretas, se observó que es importante fortalecer el papel del Instituto de Derechos Humanos, dándole más independencia y presupuesto, el aumento de los ministros en visita o jueces de dedicación exclusiva y política de estado para la preservación de la memoria.
 
Por otro lado, también se observó que existe una gran desconfianza por parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos por el trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno y en concreto del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Al acto también asistió Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) quien corroboró las palabras del Grupo de Trabajo, “Los avances que han habido en el país, los juicios, las condenas, son la consecuencia no de una política estatal. Chile nunca lo ha enfrentado así. Nosotros siempre hemos dicho que en estos más de 20 años no ha existido voluntad política para enfrentar y resolver el tema de la verdad y la justicia. Por lo tanto, todos los avances que se han dado han sido por la voluntad de nosotras y los abogados de derechos humanos” además agregó, “es muy importante la visita de la delegación, nuestra preocupación tiene que ver con que el gobierno no vaya a hacer un uso comunicacional de las recomendaciones y en la práctica siga en la misma lógica que hasta ahora”

¿EN QUÉ QUEDAN ESTAS RECOMENDACIONES?

Después de que el Informe final sea entregado se da un plazo al Gobierno para que presente un calendario de la implementación de las recomendaciones. Después de 2 o 3 años de publicadas las recomendaciones, se elaborará otro informe de seguimiento para ver el estado de cumplimiento de éstas.

Para revisar el documento final se puede hacer en el siguiente link: http://acnudh.org/?p=15359