Formalizan a alcalde de Hualpén por corrupción pública y lavado de dinero

Formalizan a alcalde de Hualpén por corrupción pública y lavado de dinero

27 Enero 2012
Una larga y detallada lista de acusaciones de delitos de corrupción pública enfrenta el edil Marcelo Rivera y otras siete personas, entre colaboradores, funcionarios municipales e hijos, entre los que se encuentran también los delitos de cohecho, apropiación indebida y exacción ilegal.
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A puerta cerrada se desarrolla la audiencia de formalización de cargos en contra del alcalde de Haulpén, Marcelo Rivera, y de otros siete imputados, por los delitos de cohecho, exacción ilegal, fraude al fisco, lavado de dinero y apropiación indebida de prestaciones.

A cargo de las graves acusaciones en contra del edil, sus colaboradores y dos de sus hijos se encuentran el Fiscal Regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, y el fiscal de Concepción, José Aravena, quienes solicitan prisión preventiva para Rivera.

El fiscal detalló que el alcalde cometió el delito de exacción ilegal, que significa que un  funcionario público interviene utilizando su cargo para contratar servicios y defraudar a un organismo del Estado, junto al secretario municipal, Nelson Cuevas, y el jefe de personal, Mario Gutiérrez.

El ilícito se habría concretado luego que los tres imputados se concertaran y solicitaran a funcionarios municipales la entrega de diversas sumas dinero, conforme a su capacidad de endeudamiento, para adquirir un inmueble en Hualpén, conocida como “Casa Ciudadana”.

Los funcionarios que no disponían de los montos requeridos, debieron solicitar créditos por sobre el millón de pesos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coopeuch.

La casa fue comprada, pero inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, a nombre de los tres imputados y otras dos personas, el colaborador de confianza de Rivera, Patricio Garrido, y el hijo del edil, Sebastián Rivera.

Además, se les imputa el delito de cohecho a  Marcelo Rivera y Mario Gutiérrez, y apropiación indebida de prestaciones, a los colaboradores de confianza del municipio, Nelson Cuevas, José Miguel Peña, Patricio Garrido y Eduard Jara.

Según los fiscales, los créditos solicitados por los funcionarios e incluso por algunos de los acusados, fueron descontados por planilla de los sueldos, transacción autorizada por el edil, pero recompensados con el pago indebido e injustificado de horas extra.

Con ello, Rivera y Gutiérrez habrían defraudado al fisco en más de 35 millones de pesos, el primero por autorizarlas y el segundo por solicitarlas.
Cuevas, Peña Garrido y Jara, en tanto, enfrentaron cargos por apropiación indebida de prestaciones por recibir el dinero correspondiente a las horas extra no trabajadas desde enero 2009 a diciembre 2010.

El delito de cohecho también fue imputado a Rivera, a su hijo Miguel Ángel Rivera, y al Director de Obras Municipales, Gastón Sanhueza.
Sanhueza habría cobrado cinco millones de pesos a un empresario, a nombre del alcalde, para iniciar los trámites de la autorización municipal de extracción de áridos necesaria para realizar las faenas, pese que la ley no fija pago de derechos. Y aunque el empresario se negó al pago, Director de Obras insistió en reiteradas ocasiones, infructuosamente.

El edil está imputado además de cohecho reiterado al haber recibido de otra empresa el pago de 105 millones de pesos para que la autorizara a comenzar las faenas de su empresa de extracción de áridos.

Sin embargo, estos pagos se habrían hecho bajo estrictas condiciones: levantar un procedimiento de clausura en curso, disponer la no fiscalización por parte de inspectores municipales, dejando a libre arbitrio la declaración de material extraído, permitiendo, por ende, el cobro de menores derechos municipales.

Finalmente, Rivera fue imputado por lavado de dinero, luego que los delitos anteriores produjeran utilidades ingresadas directamente a su patrimonio personal, y con el fin de ocultar o disimular su origen, adquirió nuevos bienes, como casas, parcelas, y vehículos, inscribiéndolos a nombre de terceros, preferentemente de su familia.

Según informó el Ministerio Público, aunque el relato de los hechos y delitos se realizó en una audiencia abierta, todos debieron abandonar la sala al momento de ahondar en los antecedentes y respaldar las solicitudes de medidas cautelares para evitar riesgos en el futuro de la investigación.