Populusaurio: ¿Por qué importa la sociedad civil?

11 Agosto 2013

Todos los que trabajamos en alguna actividad que nos ligue al terreno, a estar en contacto con las personas y familias que habitan a lo largo y no tan ancho de nuestro país, hemos escuchado un cambio importante en el discurso de las personas.

Casa de la Paz >
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*Por Pablo Valenzuela, Abogado de la Pontifica Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Director Ejecutivo de la Fundación Casa La Paz. 

La presencia de un discurso desde los derechos que antes no estaba tan ampliamente presente: “Lo que nos corresponde”, “Es obligación de la empresa o del gobierno o de la municipalidad”, “Es nuestro derecho”; son frases que ahora se hacen habituales en distintos talleres, manifestaciones, mesas de diálogos y otras instancias de encuentro, incidencia o bien protesta.

Segundo, es la sensación de ser no escuchados e incluso abusados por quienes ejercen el poder. “No nos escuchan”, “no les interesa”, “no nos respetan”, “nunca cumplen”, “se arreglan entre ellos”,  se repiten también en instancias similares y en estudios tan  importantes como en el “Informe de Desarrollo Humano en Chile” realizado por  PNUD el año 2012.  Este nos dio un dato que nos debiera remover:59% de los chilenos señala que esta sociedad no respeta su dignidad ni derechos. Ni más, ni menos.

Así, en Chile las personas saben que tienen derechos pero conocen y sienten que esos derechos no están siendo respetados por quienes ejercen el poder. Esta doble constatación de un discurso social potente, consistente y amplio abre un potente desafío al país entero: Debemos poder reconstruir un relato social, alcanzar acuerdos y una institucionalidad que no sólo respete, sino que promocione a los ciudadanos como sujetos de derechos y como protagonistas de una democracia que pueda llevarnos con sustentabilidad al desarrollo.

En ello todos tenemos un rol, pero, el Estado puede jugar uno clave. Esto, porque una de las formas de generar este cambio, es por supuesto desde  el ejercicio de la soberanía popular, generando acuerdos (porque no olvidemos que eso son las leyes: acuerdos) que garanticen a las personas la dignidad que merecen: ser sujetos de derecho. O sea que nuestra legislación y políticas públicas se construyan desde el enfoque de derechos.

Desde un enfoque de derechos la acción estatal mediante políticas y planes tiene al frente sujetos de derechos, que por lo tanto debe considerar, no como beneficiarios, sino como sujetos activos, no sólo en la implementación de esas políticas y planes, sino que en el diseño y evaluación de las mismas. Bajo este enfoque, los grupos vulnerables y vulnerados dejan de ser individuos carentes, sino que se transforman en sujetos capacitados para incidir efectivamente en cómo el Estado protegerá sus libertades y garantías fundamentales.

Una acción estatal de este tipo necesita poder establecer instancias y procesos de intercambio, diálogo y generación con la ciudadanía, los cuales no se pueden llevar a cabo sin una sociedad civil organizada y con el poder suficiente para poder establecer ese diálogo de manera horizontal. Es imposible y no muy acertado pensar ese tipo de procesos abordando de manera individual a la ciudadanía.

Ello porque prácticamente sería muy difícil y costoso, pero también porque la organización y la acción colectiva de estos ciudadanos equilibra poder y hace más fluido el diálogo entre ellos, generando consenso en las agendas prioritarias y relevando prioridades locales y de grupos minoritarios.

Esta es una de las razones de por qué la sociedad civil tiene una vital importancia en el desafío de construir un país más democrático, inclusivo y sustentable. La sociedad civil  es la vía para construir legislación y políticas públicas más respetuosas y promocionadoras de la dignidad de las personas.

Haciendo parte del diseño, institucionalidad, implementación y fiscalización de éstas, a esa sociedad civil compuesta por una pluralidad de grupos diversos, territorialmente esparcidos y que actúan por distintos medios y niveles, podemos hacer de los acuerdos sobre los cuales se construye nuestro desarrollo, unos que liguen desarrollo con dignidad y, por qué no decirlo, con nuestra felicidad.

Un colectivo de organizaciones de nuestra sociedad civil quiere colectivamente establecer una señal potente de que el país necesita relevar esta pata de la mesa, para poder generar diálogos que nos lleven a la sociedad derechos que soñamos.

Populusaurio puede constituirse en un puntapié inicial para toda esa gran mayoría de chilenos que quiere construir un desarrollo sustentable desde la consideración de cada uno como lo que realmente es: un ciudadano con derechos, donde la relación con el Estado se debe dar en respeto y en la horizontalidad que merece esa dignidad

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