La acción judicial fue interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos tras realizar una visita al Centro Penitenciario de LLancahue, oportunidad en que internos del módulo 31 del penal denunciaron al organismo malos tratos y diversos vejámenes por parte de funcionarios de Gendarmería.

La Corte de Apelaciones de la ciudad de Valdivia acogió el recurso de amparo interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra Gendarmería de la Región de Los Ríos, y a favor de los internos recluidos en el módulo 31 del Centro Penitenciario LLancahue (Cárcel de Valdivia).

La acción judicial fue presentada por el INDH el 11 de enero de 2013, luego de conocidos los casos de maltrato y otros apremios sufridos por los internos de dicho módulo y que constituyen una violación a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad.

Según precisa el fallo emanado de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, “el fin primordial de la actividad penitenciaria consiste en la atención, custodia y asistencia de los internos, a quienes se debe otorgar un trato digno y propio a su condición humana, encontrándose prohibida la aplicación de  torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de palabra o de obra”.

Al respecto, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, valoró el fallo y enfatizó que “nuevamente se está frente a una señal de la Justicia que pone a la dignidad de las personas por sobre toda consideración, en este caso, en relación al respeto y garantía de los derechos humanos, acorde a nuestra legislación y los tratados e instancias internacionales en lo que concierne a personas privadas de libertad”.

De acuerdo con lo determinado por el Ministro Darío Carretta Navea y las Ministras Ruby Alvear y Loreto Coddou “en atención a los apremios cometidos contra los internos del módulo 31, se han infringido los derechos a la libertad individual y a la integridad física y psíquica” por lo que “en el futuro se deberá tratar dignamente a los internos y cumplir estrictamente a lo establecido en las leyes, la Constitución Política del Estado y en los tratados Internacionales de Derechos Humanos, especialmente lo dispuesto en la Convención Contra la Tortura”.