La larga discusión de la ley pesca el año pasado estuvo surcada por al menos tres temas o ejes centrales: la nueva fórmula de entrega de los derechos de pesca, la necesidad de la toma de decisiones independiente de los actores a partir de la mejor información científica disponible y la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Este último concepto fue el eslogan impulsado durante la tramitación del proyecto por el Ministro de Economía de la época, Pablo Longueira, para la aprobación de la ley.

Para asegurar la sustentabilidad se planteó que las decisiones respecto de las cuotas de pesca debían ser determinadas independiente de los actores agrupados en el Consejo Nacional de Pesca (CNP) y ser radicadas en “Comités Científicos”, quienes deberían decidir para cada recurso el rango biológicamente aceptable para ser capturado, en base a la mejor información científica disponible.

Lo anterior, corresponde a uno de los pocos avances logrados en la nueva ley de pesca, ya que por años las cuotas de captura de los principales recursos pesqueros del país fueron aumentadas en el CNP llevando las pesquerías nacionales a la situación de colapso actual.

Sin embargo, la ley carece de una serie de instrumentos que permitan la implementación de la real sustentabilidad, ya que dichos Comités no tienen financiamiento para encargar estudios, los miembros no ostentan una dieta acorde al nivel de sus responsabilidades, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) encargado de proveer la información científica necesaria continúa siendo un hibrido público-privado, con insuficiencias tanto de recursos humanos como económicos, entre muchas otras carencias endosadas por la ley, que deberán ser resueltas por el próximo gobierno.

Durante las últimas semanas ha comenzado el trabajo de estos Comités Científicos para definir las cuotas de captura de los distintos recursos pesqueros para el año 2014. Como era de esperar, las recomendaciones de los científicos y el rango de cuotas propuestos evidencian la situación de sobrexplotación de los recursos pesqueros, ya que al menos en dos pesquerías se han producido reducciones considerables de las cuotas de captura para el próximo año: bacalao de profundidad y merluza común.

En el caso de la pesquería del bacalao de profundidad, desarrollada al sur del paralelo 47 (Región Aysén) por la flota industrial, se ha determinado que la Cuota Biológicamente Aceptable (CBA) no puede exceder las 1.100 toneladas, lo que significa una reducción aproximada a un 66% respecto del año anterior. A su vez, para la pesquería de merluza común en la zona centro-sur se determinó que la cuota debía ser reducida a menos de la mitad del año anterior y que la CBA no podría superar las 19 mil toneladas, por encontrarse este recurso cercano al colapso. Estos dos ejemplos grafican la precaria situación de nuestros recursos pesqueros y lo urgente de tomar medidas precautorias respecto a la explotación de los mismos.

Sin embargo, a pesar de la grave situación actual de la pesca y lo explícita que es la nueva ley respecto de la sustentabilidad, la industria, el Ministro de Economía y la Subsecretaría de Pesca, se encuentran buscando la forma de desestimar el criterio de los Comités o generar procedimientos alternativos que les permitan entregar cuotas superiores a lo recomendado científicamente, para evitar las drásticas reducciones que se vislumbran para la mayoría de los recursos (jurel, merluza del sur, congrio dorado, pelágicos pequeños, entre otros), que aún no han sido analizados por los Comités Científicos restantes.

Es de esperar que en el caso de la pesca, los actores entiendan la necesidad de medidas serías y precautorias, por duras que éstas sean, que el gobierno (actual y futuro) resista las presiones sectoriales, aplique mecanismos paliativos para enfrentar los grandes costos sociales que generará esta situación de crisis, que seguramente se extenderá por un largo período, y que, por la conservación de lo que queda de nuestro patrimonio pesquero, se respete la ley.