Este fin de semana trascendió en la prensa que prontamente elPresidente de la República haría uso de su facultad presidencial para otorgar el primer indulto particular de su mandato. Pero lo trascendente de este caso, va más allá de ser el “primer perdonazo”, sino que los argumentos por los cuales se solicita, marcan un hito en la jurisprudencia indígena enChile y sobre todo con el pueblo aymara.

El caso de Gabriela, remeció a los indígenas, mujeres y mundo de los derechos humanos, pues haberla acusado de abandono de un menor con resultado de muerte con una condena a 12 años de presidio sin considerar el contexto sociocultural de las costumbres andinas, nos hace reflexionar sobre  dos puntos claves que se repite en la relación Justicia- Pueblos Indígenas en Chile:

-          La dudosa valoración de las prácticas culturales de los organismos de aplicación de justicia como argumentos jurídicos en los juicios, en este caso de Arica y Parinacota una de las regiones con mayor población indígena del país;

-         Y la criminalización de las causas indígenas hasta con ciertos sesgos discriminatorios, me atrevería decirlo, ya que en este caso cuando se inicia la investigación, por supuesta responsabilidad criminal en la pérdida de su hijo, Gabriela estuvo en prisión preventiva durante tres años, esperando el juicio, cuya sentencia fue lapidaria para la mujer.

Ya se dijo que desde el pluralismo jurídico, la defensa argumentó la vigencia en Chile del Convenio 169 de la OIT, que en su articulado 8 y 9 consignan que: “Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario” y  “Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre  cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.

Donde calificaron como “un lamentable accidente ocurrido en la práctica de la costumbre ancestral de pastorear acompañados de sus hijos”.

Indultos a indígenas en América Latina

Si bien la posibilidad del indulto a Gabriela, es el único caso en Chile donde una mujer indígena solicita esta potestad presidencial arguyendo el uso y costumbres andinas, en el contexto latinoamericano , tampoco fue fácil hallar otro caso, tan sólo uno que cabe necesario citar.

Precisamente en enero del 2012, en Venezuela, Alexis Romero líder del pueblo indígena Muksupa, recibió el indulto presidencial al ser imputado, junto a otros tres dirigentes, en la participación de una protesta en las minas del Alto Paragua, en el estado Bolívar, donde denunciaban la minería ilegal por parte de militares en yacimientos ubicados en sus territorios, como consignaron diferentes medios venezolanos.

Si bien la situación venezolana difiere del caso chileno en cuestión, es un precedente de cómo la voluntad política presidencial reconoce la inaplicabilidad de la criminalización de la lucha indígena.  

¿Qué hacemos entonces?, ¿Solicitamos la creación de una Defensoría Penal Indígena?, ¿Más capacitación sobre derechos indígenas en el aparato judicial?, ¿Mayor protagonismo y propuestas desde los indígenas? y ¿Exigir la “voluntad política” del Ejecutivo y Legislativo?

El debate está en construcción.