El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Gastón Caminondo, fue muy claro en su entrevista hecha por la periodista Victoria Reyes y publicada el día 21 de agosto en El Mercurio. “Nadie en su sano juicio invertiría hoy en esta zona”. Además señala que la inversión en la zona ha disminuido en un 90%; que 43 de los 52 predios con problemas tienen protección policial; que la perdida por improductividad de las tierras entregadas llegan a $ 41 millones de dólares al año, y que las empresas aseguradoras ya no quieren trabajar con agricultores de la zona, por miedo a que sufran algún ataque incendiario o delictual en el corto plazo. Los agricultores de la zona han quedado en el absoluto desamparo. A esto se le suma que agricultores como los señores René Urban, que ha sufrido ya 60 atentados en su propiedad, y Jorge Luchsinger, que el año pasado sufrió atentados que dejaron pérdidas evaluadas en $500 millones, además de la pérdida total de la casa familiar por un ataque incendiario en plena noche, ya están cansados, asustados e impedidos de trabajar tranquilamente por éste conflicto, toman la decisión de vender sus propiedades al único comprador existente, la Conadi, y ésta en su afán de comprar terrenos y entregárselos a las comunidades violentas para responder a sus peticiones, está dispuesto a pagar cualquier precio por los terrenos a la venta, logrando así el supuesto aumento de precios de las tierras en esos sectores. Pero la historia no termina allí, ya que una vez entregadas las tierras, el círculo vicioso persiste, debido a que ahora, aunque los mapuches efectivamente tienen tierras, siguen viviendo en precarias condiciones, pobres, con un alto nivel de desempleo y la frustración continúa. Actualmente existen tasas de desempleo en la zona de un 14% las cuales podrían aumentar hasta un 17% en la región.
Si seguimos buscando noticias y artículos relacionados con el conflicto mapuche, nos encontramos con que el gobierno invierte USD 3.000.000 en seguridad para la región, además de la promesa de instalar tele vigilancia en rutas. Nos encontramos con que continúa el corte de carreteras por parte de los comuneros, continúan las amenazas de muerte tanto a civiles, carabineros y funcionarios del estado, los agricultores construyen fosos alrededor de sus predios para evitar el robo de ganado y la entrada de delincuentes, los camioneros deciden no atravesar la zona de conflicto de noche si no es con resguardo policial, lo que ha provocado que incluso funcionarios de policía de investigaciones sean atacados y heridos por disparos de escopeta al igual que dos camiones, y por si fuera poco, a los hechos ya mencionados, se suman los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis Mayol, que califica como “insostenible” la situación en la Araucanía y denuncia la activa participación de grupos terroristas internacionales como la ETA dentro del conflicto.
Es ahora que me gustaría responder la “pregunta-título” de este artículo. ¿Quién paga el hecho que los camioneros ya no puedan transitar libremente ni de día, ni de noche por carreteras chilenas?, ¿Quién paga a los 200 funcionarios de carabineros que deben estar en permanencia resguardando los predios agrícolas?, ¿Quién paga la frustración de las comunidades mapuches pacíficas? ¿Quién paga las horas que los senadores y diputados deben pasar intentando votar soluciones para un conflicto que está en expansión y ya ha llegado a la región De Los Ríos?, ¿Quién paga el costo económico-social que se vive en la Araucanía?, ¿Quién paga el hospital donde deben curar a carabineros, funcionarios de la PDI y civiles que sufren ataques armados?, ¿Sabe quién lo paga?, lo paga usted, lo pago yo, lo paga su vecino, lo pagan las comunidades mapuches pacíficas y lo pagan todos los ciudadanos chilenos de Arica hasta Punta Arenas al pagar sagradamente los impuestos que son producto de un trabajo honesto, ¡ha, que por cierto! si se atrasan en pagarlos, le cobran multas... pero bueno, ese es otro tema…