Buenas conversaciones, buenos futuros
Columna de Opinión: Roberto Cerri Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad
23 Abril 2009
La Convención refleja el cambio de paradigma considerando la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, relevando y reconociendo efectivamente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Por Roberto Cerri
Roberto Cerri >
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El 25 de agosto del año pasado, con la presencia de autoridades nacionales y representantes de las organizaciones de personas con discapacidad de nuestro país, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet firmó el decreto promulgatorio que incorpora a nuestra legislación el contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que se considera un hito histórico en materia de discapacidad.
La Convención, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, refleja el cambio de paradigma considerando la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, relevando y reconociendo efectivamente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El eje de la discapacidad ya no se centra en la persona y sus carencias, sino que en su interacción con el entorno y las dificultades que éste le presenta para participar en forma plena. Pasamos de la integración a la inclusión.
Cabe entonces preguntarse, ¿En qué radica el valor y aporte de esta Convención si no crea nuevos derechos para las personas con discapacidad?
Primeramente, este instrumento releva ante la sociedad el valor intrínseco de todas las personas con discapacidad, valorando su diferencia y potenciando su respeto, dignidad e igualdad, propiciando su plena inclusión social mediante la igualdad de oportunidades, la ausencia de discriminación y la acción de medidas positivas que eviten o compensen las desventajas que deben enfrentar.
Precisamente en esto reside el particular valor de este instrumento. Establece los mecanismos, herramientas y apoyos que permitirán garantizar el real goce y ejercicio de todos y cada uno de los derechos de las personas con discapacidad. Derechos que en muchos ámbitos no pasaban de ser una mera declaración.
El Estado asume así el compromiso de garantizar a través de los mecanismos y medios que la Convención establece el logro de la plena inclusión de las personas con discapacidad tanto en los ámbitos económico, político, social y cultural.
Pero, todo será letra muerta si no somos capaces de generar el gran cambio cultural para convertirnos en un país inclusivo, que no segrega a las personas con discapacidad. Para lograrlo, es necesario el trabajo y compromiso de la sociedad en su conjunto.
Chile ya ha dado las primeras señales de avance. En las elecciones municipales del año pasado debutó en nuestro país el voto asistido para las personas con discapacidad, lo que refleja un progreso en materia de participación ciudadana y política. Las personas con discapacidad dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas del proceso democrático.
Desde el Fondo Nacional de la Discapacidad estamos trabajando para construir un país inclusivo, que no discrimina y que valora la diferencia.
La Convención, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, refleja el cambio de paradigma considerando la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, relevando y reconociendo efectivamente los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El eje de la discapacidad ya no se centra en la persona y sus carencias, sino que en su interacción con el entorno y las dificultades que éste le presenta para participar en forma plena. Pasamos de la integración a la inclusión.
Cabe entonces preguntarse, ¿En qué radica el valor y aporte de esta Convención si no crea nuevos derechos para las personas con discapacidad?
Primeramente, este instrumento releva ante la sociedad el valor intrínseco de todas las personas con discapacidad, valorando su diferencia y potenciando su respeto, dignidad e igualdad, propiciando su plena inclusión social mediante la igualdad de oportunidades, la ausencia de discriminación y la acción de medidas positivas que eviten o compensen las desventajas que deben enfrentar.
Precisamente en esto reside el particular valor de este instrumento. Establece los mecanismos, herramientas y apoyos que permitirán garantizar el real goce y ejercicio de todos y cada uno de los derechos de las personas con discapacidad. Derechos que en muchos ámbitos no pasaban de ser una mera declaración.
El Estado asume así el compromiso de garantizar a través de los mecanismos y medios que la Convención establece el logro de la plena inclusión de las personas con discapacidad tanto en los ámbitos económico, político, social y cultural.
Pero, todo será letra muerta si no somos capaces de generar el gran cambio cultural para convertirnos en un país inclusivo, que no segrega a las personas con discapacidad. Para lograrlo, es necesario el trabajo y compromiso de la sociedad en su conjunto.
Chile ya ha dado las primeras señales de avance. En las elecciones municipales del año pasado debutó en nuestro país el voto asistido para las personas con discapacidad, lo que refleja un progreso en materia de participación ciudadana y política. Las personas con discapacidad dejan de ser espectadores para convertirse en protagonistas del proceso democrático.
Desde el Fondo Nacional de la Discapacidad estamos trabajando para construir un país inclusivo, que no discrimina y que valora la diferencia.
Comentarios
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